Vox solicita la dimisión de Grande-Marlaska tras la imputación de la cúpula de la Guardia Civil
El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reclamado este jueves la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La petición se produce tras conocerse la investigación judicial que afecta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en el marco del procedimiento denominado «caso Leire».
En una comparecencia realizada desde el Parlamento de Cataluña, Garriga ha supeditado la continuidad del ministro a la «decencia» política, criticando que el titular de Interior haya manifestado su respaldo a los altos cargos imputados en lugar de abandonar su responsabilidad gubernamental. Según el dirigente de Vox, el ministro debería haber cesado en sus funciones para aguardar el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.
La formación ha fundamentado su exigencia de dimisión en lo que consideran una gestión deficiente de las fuerzas de seguridad y el control de la criminalidad. Garriga ha acusado al ministro de permitir el deterioro de la operatividad en la lucha contra el narcotráfico y de ejercer una presión indebida sobre la Guardia Civil, calificando la situación de «muy grave» para la estabilidad institucional del país.
Asimismo, el secretario general de Vox ha expresado su reconocimiento a los agentes encargados de las labores de investigación sobre la presunta corrupción. Durante su intervención, ha denunciado la supuesta creación de mecanismos internos destinados a «acosar y perseguir» a los servidores públicos que lideran las pesquisas judiciales que afectan a miembros o colaboradores del Ejecutivo central.
Esta reacción parlamentaria se suma a la ofensiva de otros grupos de la oposición, como el Partido Popular, que ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior que aclare en el Senado los detalles relativos a la escolta oficial de los implicados en la causa. El escenario judicial actual mantiene el foco sobre la dirección de la Guardia Civil y la responsabilidad política del Ministerio del Interior en el nombramiento y supervisión de sus máximos responsables.
