Asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión de la cúpula tras su imputación judicial
Cuatro asociaciones profesionales de la Guardia Civil han solicitado este jueves la dimisión de la directora general del cuerpo, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. La petición se produce tras la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de citar a ambos en calidad de investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del denominado «caso Leire».
La Unión de Oficiales (UO), la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), la Asociación Profesional de Cabos y la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) han hecho público su malestar a través de un comunicado conjunto. En el texto, las organizaciones defienden que la situación procesal de los altos cargos resulta incompatible con la dirección de la institución, subrayando la necesidad de preservar la ejemplaridad y la neutralidad del cuerpo de seguridad.
La investigación judicial, impulsada tras las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, trata de esclarecer si desde la cúpula de la Guardia Civil se intentaron entorpecer las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) relativas a presuntas tramas de corrupción vinculadas a exdirigentes políticos. Según el auto judicial, el magistrado busca determinar si se impartieron instrucciones para interferir en el curso de dichas pesquisas policiales.
Las asociaciones profesionales fundamentan su exigencia en el agravio comparativo que, a su juicio, supone el mantenimiento en el cargo de los directivos frente al régimen aplicado a la escala básica. Según exponen, la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que cualquier agente puede ser suspendido de funciones o ver frenado su ascenso profesional al verse incurso en un procedimiento penal, incluso sin mediar sentencia condenatoria.
«No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan», señalan las asociaciones en su nota. Argumentan que, por coherencia institucional y respeto al régimen disciplinario que rige para los miles de guardias civiles, tanto González como Llamas deberían apartarse de sus responsabilidades mientras se dirime su responsabilidad jurídica en la Audiencia Nacional.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha manifestado su respaldo público a ambos responsables tras conocerse la imputación. Fuentes del departamento han confirmado que los dos altos cargos mantendrán sus funciones y han garantizado la máxima colaboración con la justicia. Desde el Ministerio se apela a la presunción de inocencia y se defiende la gestión realizada hasta la fecha por la actual Dirección General.
El escenario procesal sitúa ahora el foco en las próximas comparecencias ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, mientras la tensión interna en el cuerpo se acrecienta por la divergencia de criterios entre la representación profesional de los agentes y la dirección política del Ministerio del Interior.
