La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de prisión por el caso Púnica
La Audiencia Nacional ha impuesto una pena de dos años y seis meses de cárcel al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, por delitos continuados de fraude a la administración y prevaricación. La resolución judicial se enmarca en una de las piezas del denominado caso Púnica, relativa al favorecimiento de la empresa de festejos Waiter Music en la adjudicación de contratos públicos.
La sentencia considera probado que Granados, quien desempeñó cargos de alta responsabilidad en el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, ejerció una «capacidad de influencia continuada» sobre los órganos encargados de la contratación pública entre los años 2007 y 2014. El tribunal destaca que esta ascendencia se mantuvo incluso cuando el condenado no ostentaba formalmente la competencia administrativa directa sobre las áreas afectadas.
Según los hechos probados por el tribunal, el exdirigente del Partido Popular obtuvo contraprestaciones en especie a cambio de su mediación para beneficiar a la mercantil dirigida por el empresario José Luis Huertas. Estas retribuciones consistieron, concretamente, en la organización y financiación de eventos de carácter privado que fueron sufragados íntegramente por la empresa beneficiaria de las adjudicaciones públicas.
La resolución pone el foco en la estructura de los contratos otorgados a Waiter Music, señalando la existencia de irregularidades administrativas sistemáticas destinadas a sortear los controles de transparencia y concurrencia. El fallo judicial subraya la naturaleza continuada de las infracciones, que se prolongaron durante siete años afectando a diversas instituciones bajo el radio de influencia política del condenado.
Este veredicto supone un nuevo avance en la resolución de las múltiples piezas que componen la macrocausa Púnica, centrada en una red de corrupción vinculada a la contratación pública en diferentes municipios y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid. La sentencia es susceptible de recurso ante las instancias superiores, conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
