El PP solicita al Tribunal Constitucional que analice el Tratado de Amistad con Francia antes de su validación en el Senado
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado un requerimiento para que el Pleno de la Cámara Alta solicite al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa. La iniciativa, que se someterá a votación la próxima semana, busca paralizar la validación del acuerdo internacional hasta que el órgano de garantías determine si el texto se ajusta a la Carta Magna, especialmente en lo relativo a la participación de miembros del Gobierno francés en el Consejo de Ministros español.
La formación, que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Alta, fundamenta su impugnación en el apartado 4 del artículo 2 del tratado. Dicho precepto establece que «un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación». Para el Partido Popular, esta disposición contraviene el ordenamiento constitucional español, al considerar que la presencia de un representante extranjero en las deliberaciones del Ejecutivo carece de encaje legal, dado que la Constitución solo prevé la asistencia del Rey como figura ajena al gabinete ministerial.
Este movimiento parlamentario supone una reiteración de la postura que el PP ya mantuvo en el primer recorrido del texto por las Cortes. En febrero de 2025, el Senado ya aprobó un requerimiento similar; sin embargo, aquel proceso quedó sin efecto después de que el Congreso de los Diputados no validara el acuerdo en primera instancia, lo que llevó al Tribunal Constitucional a declarar la pérdida sobrevenida del objeto. Tras la remisión de una nueva propuesta por parte del Gobierno el pasado 22 de abril de 2026, y tras superar el trámite en la Cámara Baja, el conflicto competencial regresa al Senado.
Como novedad en este segundo intento de ratificación, el Gobierno ha incorporado una cláusula interpretativa acordada entre el ministro de Asuntos Exteriores de España y su homólogo francés. Este documento aclara que la participación del miembro del Gobierno invitado se produciría «en los márgenes» del Consejo de Ministros y en una «reunión por separado». No obstante, el principal partido de la oposición sostiene que esta interpretación no disipa las dudas de inconstitucionalidad, al no modificar la redacción original del tratado ni formar parte integrante del articulado stricto sensu.
El Grupo Popular argumenta que la cláusula interpretativa adolece de «vaguedad» en sus términos, ya que no define con precisión técnica qué se entiende por actuar «en los márgenes» de la reunión gubernamental. Asimismo, advierten sobre el riesgo jurídico de que ambos estados pudieran pactar nuevas interpretaciones en el futuro sin necesidad de una nueva ratificación parlamentaria, lo que a su juicio debilitaría el control de las Cortes Generales sobre los compromisos internacionales de España.
Con la mayoría absoluta del PP en el Senado, el requerimiento será previsiblemente aprobado, lo que obligará al Tribunal Constitucional a pronunciarse de nuevo sobre el fondo de la cuestión. Mientras tanto, el proceso de ratificación del Tratado de Amistad con Francia —firmado originalmente en Barcelona en enero de 2023— permanecerá en suspenso en la Cámara Alta, a la espera de que se resuelva si el intercambio de ministros entre ambos países es compatible con la soberanía nacional y el marco constitucional vigente.
