El juez Pedraz imputa a la cúpula de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha formalizado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. La decisión judicial se produce tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en relación con una supuesta campaña de desinformación dirigida contra la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano encargado de investigar casos de corrupción.
Según la providencia remitida por el Ministerio Público, el teniente general Manuel Llamas habría ocultado deliberadamente a la UCO información operativa de carácter relevante durante al menos diez días. La Jefatura de Información de la Benemérita advirtió internamente sobre una estrategia de desinformación orquestada contra los agentes de la unidad anticorrupción; sin embargo, el DAO no trasladó este aviso a los afectados hasta que el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, le presentó un informe de contenido idéntico elaborado por la propia unidad investigadora.
La Fiscalía sostiene que esta conducta es «prima facie, incompatible con los deberes inherentes al cargo» y representa un elemento de especial gravedad, dado que la ocultación afectaba a una causa de corrupción gubernamental. Los investigadores señalan que la trama de desinformación habría contado con la participación de figuras vinculadas al entorno político, mencionando específicamente a Leire Díez y Santos Cerdán, de cuyos planes la dirección del Cuerpo habría tenido constancia previa.
En cuanto a la directora general, Mercedes González, el foco judicial se centra en una serie de reuniones mantenidas con Leire Díez en las proximidades de la sede central de la Guardia Civil. Aunque los encuentros fueron inicialmente negados, informes de la UCO han acreditado contactos los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025. Estas fechas coinciden con la apertura de informaciones reservadas por parte del DAO contra mandos de la unidad de élite por presuntas filtraciones a los medios de comunicación.
Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen vinculan estas investigaciones internas con las anotaciones halladas en las agendas de Díez, donde se especificaba la intención de «armar» expedientes administrativos contra la UCO. El juez investiga si estas actuaciones disciplinarias fueron utilizadas como una herramienta de presión para desestabilizar las pesquisas judiciales en curso que afectaban al entorno del Partido Socialista y del Ejecutivo.
Durante el proceso, los testimonios de los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo han resultado determinantes. Ambos mandos declararon ante el instructor que el teniente general Llamas nunca les ordenó investigar la trama que actuaba contra ellos, y revelaron un episodio ocurrido en julio de 2024 en el que se les habría instado a «ponerse de perfil» en los casos de corrupción política. Ante la falta de protección institucional, la Policía Judicial llegó a establecer servicios de contravigilancia para proteger a sus propios oficiales.
Tras conocerse la situación procesal de la cúpula, cinco asociaciones profesionales de la Guardia Civil han emitido un comunicado conjunto exigiendo la dimisión inmediata de González y de Llamas. Las organizaciones argumentan que, aunque se respeta la presunción de inocencia, la permanencia en el cargo es incompatible con una investigación judicial por delitos de tal naturaleza. Por el momento, el Ministerio del Interior y la Presidencia del Gobierno han ratificado su confianza en ambos responsables y descartan su relevo institucional.
