Zapatero busca acreditar el origen saudí de sus joyas ante el riesgo de incurrir en delito fiscal agravado

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a la Audiencia Nacional un margen de tiempo para aportar documentación oficial que certifique el origen de un conjunto de joyas valorado en 1,32 millones de euros. Las piezas, halladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una caja fuerte de su despacho, son defendidas por el exmandatario como regalos institucionales recibidos de países árabes durante su mandato en el Palacio de la Moncloa, concretamente de la Casa Real de Arabia Saudí.

La estrategia de defensa plantea una paradoja jurídica y financiera. Según los expertos, si se logra demostrar que las joyas proceden de una monarquía árabe, su valor de mercado podría duplicarse o incluso triplicarse debido al concepto de «provenance» (procedencia histórica), habitual en las grandes casas de subastas. Este incremento en la tasación elevaría la cuota presuntamente defraudada a la Hacienda Pública por encima de los 600.000 euros, lo que situaría el caso en el ámbito del delito fiscal agravado, cuyas penas oscilan entre los dos y los seis años de prisión.

Actualmente, la tasación de referencia encargada a la casa Ansorena establece el valor de las piezas en 1,32 millones de euros. Según fuentes de la Agencia Tributaria, este importe arroja una cuota defraudada aproximada de 581.000 euros, sumando los tramos estatal y autonómico. Esta cifra se sitúa a solo 19.000 euros del umbral legal de los 600.000 euros. Por tanto, la acreditación oficial de su origen saudí, lejos de exonerar al expresidente, podría consolidar la acusación de delito agravado al aumentar el valor patrimonial del lote.

El informe pericial describe las joyas como piezas de encargo de gran opulencia material y estética árabe, aunque carecen de firmas comerciales visibles. En el mercado del coleccionismo, piezas de estas características ven multiplicado su precio cuando se vinculan formalmente a jefes de Estado. De obtenerse el certificado de origen, las joyas pasarían de tener un valor de reposición —el coste técnico de fabricarlas de nuevo— a ser consideradas reliquias institucionales, lo que elevaría automáticamente la cuantía de la presunta defraudación.

Para facilitar las gestiones ante la administración saudí, Rodríguez Zapatero cuenta con la colaboración de Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores y actual representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones. Moratinos mantiene una interlocución directa con las autoridades del Reino, fundamental para intentar conseguir en un plazo de diez días los certificados que acrediten que el conjunto de oro, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros fue un obsequio del rey Abdalá bin Abdulaziz durante una visita oficial en 2007.

El proceso judicial, dirigido por el magistrado José Luis Calama, cuenta con la personación de la Hacienda Pública a través de la Abogacía del Estado. El tribunal espera la incorporación de estos documentos para determinar la calificación definitiva de los hechos y la tasación final de los bienes, en un escenario donde la transparencia sobre el origen de los regalos institucionales podría derivar en consecuencias penales más severas para el expresidente debido a la revalorización de los activos.