El Gobierno apela al respeto a los tiempos judiciales ante las investigaciones sobre Leire Díez y Mercedes González
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado este viernes la necesidad de «respetar» los tiempos de la justicia en relación con la causa abierta contra la exmilitante socialista Leire Díez. Saiz ha subrayado que el procedimiento se encuentra en una fase «muy embrionaria» y ha instado a permitir que el sistema judicial desarrolle su labor con independencia.
En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, la portavoz del Ejecutivo también se ha referido a la situación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su reciente imputación. Saiz ha ratificado la confianza del Gobierno en la titular del instituto armado y ha abogado por valorar las explicaciones que González ha facilitado y que, según ha indicado la ministra, continuará aportando en el marco del proceso.
La ministra ha garantizado la «colaboración total» del Gobierno con las investigaciones abiertas por los tribunales, enfatizando el compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos. Esta postura se produce en un contexto de escrutinio sobre presuntas maniobras para influir en causas judiciales que afectarían al entorno del Ejecutivo, marco en el cual se sitúan las indagaciones sobre Díez.
Estas afirmaciones han tenido lugar durante la participación de Saiz en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada en Avilés, Asturias. El encuentro, que cuenta con la presencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tiene como objetivo principal el debate sobre el fortalecimiento de los sistemas de cuidados a nivel internacional.
La comparecencia de la portavoz gubernamental coincide con la reserva mostrada por otros miembros del gabinete, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha evitado realizar valoraciones sobre la imputación de la directora de la Guardia Civil. El Gobierno mantiene así una línea de prudencia institucional frente a los procesos judiciales en curso que afectan a cargos de la administración.
