Trabajadoras del PSOE recurren la incautación de sus móviles ante la Audiencia Nacional
La defensa de dos empleadas administrativas del PSOE, investigadas en la pieza separada conocida como caso Leire, ha interpuesto un recurso de apelación ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la incautación de sus teléfonos móviles. El escrito, dirigido al magistrado Santiago Pedraz, sostiene que el acceso a los dispositivos se realizó sin la debida orden judicial y vulnerando derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
El recurso de apelación busca revocar el auto en el que el juez Pedraz rechazó inicialmente la solicitud de nulidad, una posición que contó con el respaldo de la Fiscalía. Según el texto legal, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedió a la incautación de los terminales en los domicilios de las trabajadoras el pasado 27 de mayo. La defensa argumenta que en aquel momento no existía un mandato judicial expreso que habilitara a los agentes para intervenir los dispositivos ni para considerar a las empleadas formalmente como investigadas.
En el marco de esta causa se investiga una presunta trama dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno. Entre los investigados figuran nombres como el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez. Sin embargo, el recurso subraya la condición de personal administrativo de las recurrentes, cuyas funciones se limitan a gestiones burocráticas y logísticas, calificando de «extravagante» su inclusión en una supuesta organización criminal.
El escrito de defensa incluye una crítica severa a la labor de la UCO, a la que acusa de cruzar datos de centenares de personas para elaborar «relatos incriminatorios» con un impacto mediático «devastador». Asimismo, los letrados cuestionan la imparcialidad de la unidad investigadora, argumentando que, al ser la propia Guardia Civil la «supuesta víctima» de las acciones que se investigan, la instrucción podría estar viciada de origen por la falta de neutralidad de quienes ejecutan las pesquisas.
Respecto al papel del instructor, el recurso califica al magistrado Santiago Pedraz de «juez pasivo», alegando que ha delegado en exceso las funciones de instrucción en la unidad policial. La defensa insiste en que el procedimiento actual se asemeja más a un «derecho penal inquisitorial» que a un proceso garantista, denunciando la existencia de una investigación policial paralela a la judicial.
Finalmente, el recurso destaca la naturaleza jurídica del PSOE como partido político para advertir sobre los riesgos de acceder a la información contenida en los dispositivos. El texto señala que los trabajadores de la formación no deben verse obligados a suministrar documentos estratégicos, reflexiones de dirigentes o información contable de la organización a través de mecanismos que consideran «artificiales» y ajenos a los hechos estrictamente personales objeto de la causa.
