La falta de previsión presupuestaria compromete la negociación por la profesión de riesgo de policías y guardias civiles
Las negociaciones entre el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil para el reconocimiento de la profesión de riesgo atraviesan una fase crítica. A pesar de los avances técnicos en el diseño de un marco normativo común, la viabilidad de la medida se encuentra comprometida ante la falta de garantías sobre su financiación y la incertidumbre en torno a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Aina Calvo, ha mantenido diversas reuniones para unificar los criterios de jubilación anticipada tras el malestar provocado por el Real Decreto de marzo, que excluía a unos 130.000 efectivos. La propuesta actual contempla la aplicación de coeficientes reductores que permitirían alcanzar la pensión máxima con 31 años de cotización para los agentes en el régimen de la Seguridad Social, y con 30 años para aquellos adscritos a las Clases Pasivas.
No obstante, el principal escollo reside en la vía administrativa para implementar estos cambios. El Gobierno plantea la inclusión de la medida en las cuentas públicas de 2027, pero fuentes cercanas a la negociación advierten de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska no habría incluido esta partida en la propuesta de gasto remitida recientemente al Ministerio de Hacienda. Esta circunstancia ha generado desconfianza en los sindicatos policiales y las asociaciones de la Benemérita, que cuestionan la efectividad de las mesas de trabajo si no existe una reserva de capital específica.
Desde las organizaciones de agentes se califica la situación de incierta, señalando que la tramitación a través de los PGE es poco probable dada la actual aritmética parlamentaria. Como alternativa, los representantes de los trabajadores demandan el uso de un Real Decreto que garantice el derecho de forma inmediata, evitando que la equiparación en las condiciones de jubilación —una reivindicación histórica comparable a la equiparación salarial de 2018— quede supeditada a la estabilidad de la legislatura.
Por su parte, portavoces oficiales del Ministerio del Interior mantienen una postura de cautela, apelando a la confidencialidad necesaria durante el proceso de diálogo. Aseguran que existe «buena sintonía» entre la Secretaría de Estado y los agentes, y no descartan la vía del decreto si la opción presupuestaria no prospera. El calendario de encuentros se retomará el próximo 28 de julio, con una sesión adicional prevista para el mes de septiembre, fechas que se consideran definitivas para determinar si el acuerdo alcanza una fase de ejecución real o se posterga indefinidamente.
