La firma del acuerdo marco de colaboración entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) ha quedado suspendida tras el rechazo del estamento militar a los términos del último borrador remitido por el servicio de inteligencia civil. El proceso, que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía ratificar antes del 1 de julio, se encuentra actualmente en un punto muerto debido a discrepancias profundas sobre la jerarquía institucional y el acceso a los recursos operativos.
Fuentes del ámbito de la inteligencia militar señalan que el principal obstáculo reside en las condiciones de intercambio de información y medios técnicos. El sector militar considera que la propuesta actual otorgaría al CNI una capacidad de uso discrecional sobre los activos de la Defensa, lo que, en la práctica, situaría a la inteligencia militar en una posición de subordinación frente a la civil. Este escenario ha generado tensiones internas ante el temor de que el CIFAS sea absorbido funcionalmente por el organismo que dirige Esperanza Casteleiro.
Dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas se percibe con recelo la posibilidad de que el acuerdo facilite la inserción de personal del CNI en áreas estratégicas de la inteligencia militar. Mandos intermedios y técnicos han expresado su preocupación por lo que definen como un intento de centralización que restaría autonomía al Ejército en la gestión de sus propias capacidades. Esta división ha provocado un distanciamiento entre la dirección del CIFAS, proclive al entendimiento, y los sectores operativos que apelan al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) como garante de la independencia del servicio.
El conflicto trasciende las fronteras nacionales y afecta a la posición de España en el marco de la OTAN. Actualmente, la inteligencia militar mantiene canales directos y específicos con sus homólogos internacionales, especialmente activos a raíz del conflicto en Ucrania. La resistencia al acuerdo se fundamenta también en el riesgo de perder la interlocución directa de «militar a militar» en foros de seguridad europeos, al quedar supeditada la representación nacional a una única autoridad civil de inteligencia en el exterior.
Desde los sectores críticos del estamento militar se defiende un modelo de inteligencia basado en la especialización y la paridad, similar al que operan potencias como Estados Unidos, Italia o el Reino Unido. Argumentan que la Directiva de Seguridad Nacional debería fomentar tres servicios de inteligencia equilibrados —seguridad de defensa, interior y exterior— en lugar de una estructura donde el CNI acapare la mayoría de las competencias, incluyendo la inteligencia de señales y la seguridad interior.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni el Centro Nacional de Inteligencia han facilitado una respuesta oficial ante la paralización de las negociaciones. El silencio institucional mantiene la incertidumbre sobre el futuro de una colaboración que, si bien se considera necesaria para la seguridad del Estado, ha reabierto viejas pugnas competenciales entre los servicios civiles y militares de información.
