El Tribunal Supremo confirma en 39.000 euros las costas procesales del ex fiscal general García Ortiz
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la tasación de las costas procesales que deberá abonar el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fijando la cuantía definitiva en 39.009,48 euros. A través de un auto, el Alto Tribunal desestima los recursos de súplica interpuestos por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, confirmando así el importe derivado del procedimiento judicial por revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador.
La resolución judicial rechaza las alegaciones de la defensa de García Ortiz, que calificaba el proceso como de «escasa complejidad». Los magistrados han argumentado que la dificultad del caso no fue menor, sino que derivó de razones tanto materiales como procesales. En el plano institucional, el tribunal destaca la «singular gravedad» de los hechos, al tratarse de la difusión de información reservada por parte del máximo responsable del Ministerio Fiscal en un contexto sujeto al deber de reserva.
Desde la perspectiva técnica, el Tribunal Supremo justifica la cuantía de las costas señalando la intensa actividad procesal desarrollada. Entre los hitos del caso se encuentran el cambio de competencia desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Supremo debido al aforamiento del investigado, la apertura de quince piezas separadas para resolver recursos y la práctica de diligencias de instrucción complejas, tales como comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y Estados Unidos.
La cifra confirmada supone una reducción del 50% respecto al cálculo inicial realizado el pasado mes de febrero, que ascendía a 79.942,70 euros. El tribunal ya había estimado parcialmente las impugnaciones presentadas en marzo, moderando los honorarios de los letrados de la acusación particular tras excluir diversos recursos del cómputo general. En el nuevo auto, la Sala subraya que ya se efectuó una labor de ponderación adecuada y que no concurren motivos para rebajar aún más el porcentaje aplicado.
Este pronunciamiento cierra el capítulo económico de las costas derivadas de la condena a García Ortiz, quien fue sentenciado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general. Además de los gastos del proceso, el ex fiscal general fue condenado al pago de 17.200 euros entre multa e indemnización, una suma que fue abonada mediante una colecta de la Unión Progresista de Fiscales. El proceso judicial se originó tras la filtración de datos relativos a la situación fiscal de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
