El Consejo de Ministros autoriza una transferencia de 2.984 millones para financiar prestaciones no contributivas

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una transferencia de crédito por un importe de 2.984 millones de euros destinada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta partida presupuestaria tiene como finalidad garantizar el pago de las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación, asegurando la cobertura de los beneficiarios del sistema de protección social.

Con esta medida, el Ejecutivo da cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado recogido en la recomendación primera del Pacto de Toledo. Dicha directriz establece la necesidad de una separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, determinando que las prestaciones de naturaleza contributiva deben depender de las cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones no contributivas y universales deben sufragarse exclusivamente a través de la imposición general.

De acuerdo con el marco normativo vigente, que toma como referencia la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en su situación de prórroga, se prevé que el Estado realice diversas transferencias a los presupuestos de la Seguridad Social por un importe global de 19.888 millones de euros. Los 2.984 millones aprobados hoy se integran en este esfuerzo financiero para cubrir las necesidades del ejercicio y dar cumplimiento a la hoja de ruta marcada en 2020 por el Pacto de Toledo.

El Ministerio de Hacienda ha señalado que este incremento en la dotación de crédito es necesario para hacer frente a las obligaciones financieras del Estado con el sistema de Seguridad Social. La autorización de este expediente permite que el Estado asuma de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva, una práctica que el Gobierno ha venido realizando de manera recurrente en ejercicios anteriores para fortalecer el equilibrio presupuestario del sistema público de pensiones.

La transferencia autorizada hoy refuerza la estructura de financiación pública al derivar la carga de las pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado, liberando así los ingresos por cotizaciones para el sostenimiento exclusivo de las prestaciones contributivas de los trabajadores.