La Audiencia de Barcelona ordena procesar a los agentes que facilitaron la huida de Carles Puigdemont
La Audiencia de Barcelona ha dictado un auto por el cual deja a un paso del juicio oral a los tres agentes de los Mossos d’Esquadra investigados por su presunta colaboración en la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El tribunal considera que existen indicios suficientes de que los funcionarios pudieron incurrir en una omisión de su deber de perseguir delitos tras el breve regreso del líder de Junts a la capital catalana en 2024.
Con esta resolución, el tribunal estima el recurso presentado por la Fiscalía y revoca el sobreseimiento libre que había sido dictado previamente por una jueza de instrucción. La magistrada de primera instancia había archivado la causa bajo el argumento de que los agentes no se encontraban en horario de servicio en el momento de los hechos y, por lo tanto, no tenían la obligación de proceder a la detención del expresidente.
Sin embargo, el tribunal superior sostiene una interpretación distinta de la normativa vigente. En el auto judicial se subraya que la condición de agente de la autoridad y la obligación de cumplir con los mandatos judiciales de captura son inherentes al cargo, independientemente de si el funcionario se encuentra o no en el ejercicio activo de su turno laboral. Para la Audiencia, el deber de perseguir delitos es una responsabilidad permanente de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Los hechos que motivan la investigación se remontan a la reaparición pública de Puigdemont en Barcelona, donde ofreció un discurso ante sus seguidores en las inmediaciones del Parlament de Catalunya. Tras finalizar su intervención, el expresidente logró evadir el dispositivo policial y abandonar el territorio nacional, presuntamente auxiliado por los tres agentes ahora encausados, quienes habrían prestado apoyo logístico para su desplazamiento.
Esta decisión judicial sitúa el procedimiento en su fase final de instrucción, a la espera de que las partes acusadoras presenten sus respectivos escritos de calificación. El avance de esta causa coincide cronológicamente con la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la aplicación de la ley de amnistía, cuya sentencia se prevé para el próximo 16 de julio.
Desde una perspectiva institucional, el caso pone de manifiesto el debate jurídico sobre el alcance de las obligaciones de los agentes de policía fuera de servicio y la integridad de los protocolos de actuación ante órdenes judiciales de detención de alto perfil político.
