La gestión de Hacienda en la venta del edificio de María de Molina se vincula a una orden directa ministerial
La adjudicación del inmueble situado en la calle María de Molina 50, en Madrid, se realizó bajo el marco competencial directo del Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por María Jesús Montero. Según los pliegos de condiciones del procedimiento y fuentes administrativas, la resolución final del proceso de venta fue un acto administrativo cuya responsabilidad jurídica recaía en la titular del departamento, independientemente de las delegaciones de firma ordinarias.
La operación ha cobrado relevancia institucional tras la publicación de informaciones que apuntan a presuntas irregularidades en la fase de intermediación. Según testimonios recogidos por el diario THE OBJECTIVE, un intermediario inmobiliario asegura que se le solicitó una comisión del 3% sobre el valor de la venta, supuestamente destinada a un familiar de la entonces ministra, como condición para que la transacción prosperase con sus clientes.
El pliego de condiciones que rigió la enajenación del activo público especifica en su apartado noveno que «la adjudicación del lote se acordará por Orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública». El documento establece que el expediente debía elevarse a la Subdirección General del Patrimonio del Estado para cumplir con la normativa vigente, incluyendo la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Fuentes de la Administración consultadas explican que, aunque determinadas competencias operativas se delegan en cargos inferiores para la tramitación técnica, el acto administrativo final se considera dictado por el órgano de contratación superior. En este caso, el procedimiento administrativo señala que la decisión de adjudicación no fue delegada en una dirección general, sino que se mantuvo en la esfera de decisión ministerial.
El proceso de venta se completó el 25 de septiembre de 2023, tras tres intentos de subasta pública iniciados en 2019. La mesa de subasta estuvo integrada por el delegado especial de Economía y Hacienda en Madrid, representantes de la Abogacía del Estado, la Intervención y la Secretaría General de la Delegación Especial. Tras la apertura de las ofertas económicas, la adjudicación recayó en Barnaby Investments, perteneciente al Grupo Lar, por un importe de 204.700.013 euros.
La oferta ganadora superó en casi 49 millones de euros el precio mínimo de licitación y batió las expectativas de las convocatorias previas de 2019 y 2021, que resultaron desiertas. Entre las entidades que superaron el corte administrativo y presentaron ofertas económicas se encontraban también Grupo Whiteni Socimi S.A., Nescaleo S.L.U., Rainforest Capital Partners S.L. y Conren Tramway Doce S.L.U.
El testimonio del empresario que denuncia la petición de comisiones sostiene que estas exigencias se produjeron de manera previa a la formalización de la venta final. Según su versión, la negativa a aceptar dichas condiciones impidió que su grupo de inversión continuara en el proceso. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una valoración oficial sobre estas acusaciones de intermediación irregular en el marco de la subasta pública.
