El PP y Vox presentan enmiendas de totalidad al proyecto de condonación de deuda autonómica
El Partido Popular y Vox han registrado sendas enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica impulsado por el Gobierno para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas. Esta iniciativa legislativa, que surge de los acuerdos bilaterales alcanzados entre el PSOE y ERC, prevé que el Estado asuma una cuantía global de 83.252 millones de euros del pasivo territorial. Ambas formaciones de la oposición solicitan la devolución de la norma al Ejecutivo al considerar que vulnera principios de responsabilidad fiscal y equidad interterritorial.
La propuesta normativa, aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, finalizó esta semana su plazo de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. El texto diseñado por el Ministerio de Hacienda establece una metodología de quita que, según el Gobierno, busca compensar el impacto de la crisis financiera de 2008 y los desequilibrios del sistema de financiación. Sin embargo, la oposición denuncia que la medida constituye un beneficio discrecional para los socios parlamentarios del Ejecutivo.
En su argumentación, el Grupo Popular califica el proyecto como una norma «injusta e ineficaz», acusando a la administración central de premiar a las comunidades sin valorar su gestión previa. Según el PP, la ley «mutualiza» la deuda generada por desequilibrios presupuestarios individuales, trasladando el coste al conjunto de los ciudadanos y comprometiendo el principio de solidaridad. Asimismo, los populares sostienen que la medida actúa como un «incentivo perverso» que desincentiva la disciplina fiscal en los gobiernos regionales.
Por su parte, Vox justifica su rechazo alegando que el proyecto no responde a una reforma técnica del sistema de financiación, sino a un «pacto político» destinado a asegurar la permanencia en el poder del actual Ejecutivo. El grupo parlamentario liderado por Santiago Abascal advierte sobre los riesgos fiscales de la medida y critica la creación de lo que consideran un régimen de excepcionalidad jurídica para dar cobertura a los acuerdos bilaterales de investidura.
De acuerdo con el desglose del proyecto de ley, Andalucía y Cataluña se sitúan como las comunidades más beneficiadas en términos absolutos, con 18.791 y 17.104 millones de euros respectivamente. Les siguen la Comunidad Valenciana (11.210 millones), Madrid (8.644 millones) y Castilla-La Mancha (4.927 millones). La metodología empleada por Hacienda consta de tres fases, partiendo de una condonación media del 19,3% de la deuda vigente al cierre de 2023, con ajustes posteriores basados en la financiación por habitante ajustado y el ejercicio de competencias normativas en el IRPF.
El procedimiento técnico para la asunción de la deuda variará según la situación financiera de cada autonomía. Para aquellas adscritas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el Estado procederá a la cancelación directa de préstamos vivos, priorizando los más antiguos. En el caso de las comunidades que operan con deuda en mercados externos, el Estado subrogará la posición deudora tras obtener el consentimiento de los acreedores correspondientes. Euskadi y Navarra, debido a sus regímenes forales, quedarían fuera del sistema común, aunque ya han manifestado su intención de negociar compensaciones equivalentes.
