Almudena Lastra recurre ante el Tribunal Supremo su relevo en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid

La exfiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha formalizado la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto de nombramiento de su sucesora, María Isabel Martín López. La impugnación se produce tras concluir el mandato de cinco años de Lastra y en un contexto de discrepancias públicas con la cúpula de la Fiscalía General del Estado.

Fuentes jurídicas confirman que la demanda cuestiona el proceso administrativo que culminó el pasado 30 de abril con la propuesta del Gobierno para designar a Martín López al frente del Ministerio Público en Madrid. Hasta su nombramiento, la nueva fiscal superior desempeñaba sus funciones en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano de apoyo directo a la jefatura de la institución.

La renovación de la plaza ha estado marcada por la controversia profesional. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, ha expresado su rechazo al relevo de Lastra. Según la asociación, la decisión supone prescindir de una fiscal con 35 años de experiencia en favor de una candidata que se sitúa 800 puestos por debajo en el escalafón profesional. La AF vincula este movimiento con el testimonio prestado por Lastra en el procedimiento judicial que afectó al exfiscal general Álvaro García Ortiz, donde su declaración fue valorada como elemento probatorio.

En defensa del nombramiento, la Fiscalía General del Estado ha subrayado el «alto nivel de competencia técnica y rigor profesional» de María Isabel Martín López. El órgano de dirección destacó su capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y su plan de actuación orientado a la transformación de la Fiscalía Superior de Madrid bajo principios de excelencia y servicio público.

Ante las acusaciones de posibles represalias institucionales, la Fiscalía General ha negado cualquier tipo de «purga» de fiscales críticos. La institución sostiene que los cambios se encuentran dentro de la normalidad administrativa, dado que los cargos de fiscal jefe tienen una duración estipulada de cinco años, tras los cuales se procede legalmente a la renovación o sustitución de sus titulares.

Con la presentación de este recurso, el Tribunal Supremo deberá evaluar la legalidad del Real Decreto y determinar si la discrecionalidad en los nombramientos de la carrera fiscal se ajustó en este caso a los principios de motivación y mérito exigidos por la normativa vigente.