Díaz Ayuso defiende la transparencia de su pareja y vincula la política migratoria del Gobierno con intereses electorales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves la legalidad de las actividades profesionales de su pareja, Alberto González Amador, y ha enmarcado las investigaciones judiciales en su contra dentro de una estrategia política del Gobierno central. Durante su intervención en un foro organizado por el diario 20minutos, la jefa del Ejecutivo madrileño ha rechazado cualquier irregularidad vinculada a la Administración autonómica y ha aprovechado para criticar duramente la política de nacionalizaciones y la regularización de migrantes del gabinete de Pedro Sánchez.
Díaz Ayuso ha sostenido que su pareja, investigado por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y por supuesta corrupción en los negocios, realiza todas sus declaraciones fiscales «en A» y no posee activos en el extranjero. La presidenta ha subrayado que González Amador no mantiene contratos con la Comunidad de Madrid ni utiliza instalaciones públicas para sus actividades profesionales. Según su argumentación, la situación procesal de su pareja responde a un intento del Ejecutivo nacional por «empatar» el escenario político frente a los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.
En relación con la facturación de González Amador al grupo Quirón, la dirigente madrileña ha desvinculado estos pagos de los contratos públicos sanitarios. Ha recordado que la relación de la Comunidad de Madrid con dicho grupo hospitalario es anterior a su denominación actual y ha defendido el prestigio internacional de la entidad. Díaz Ayuso ha cuestionado las críticas de la oposición, señalando que la trayectoria profesional de su pareja en el sector sanitario se extiende por más de quince años.
En otro orden de temas, la presidenta autonómica se ha pronunciado sobre la denominada «ley de nietos» y el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. A juicio de Díaz Ayuso, estas medidas tienen como objetivo «importar votantes» para alterar los censos electorales. Ha calificado de «chapuceras» las formas en que se están tramitando estas normativas y ha acusado al PSOE de pretender determinar el destino de los sufragios procedentes del exterior en función de tendencias demoscópicas.
Finalmente, Díaz Ayuso ha contrapuesto su modelo de integración, basado en la «igualdad de oportunidades», frente a lo que considera una gestión deficiente de los servicios públicos por parte del Estado en los últimos ocho años. La presidenta ha concluido su intervención cuestionando la legitimidad de los procesos de votación desde países sin plenas garantías democráticas, señalando que estas maniobras legislativas buscan modificar la voluntad popular en futuras convocatorias electorales.
