La Guardia Civil ha procedido a retirar del servicio activo la totalidad de las 9.000 pistolas del modelo Ramon, adquiridas entre 2021 y 2023 a la empresa israelí EMTAM. La decisión técnica responde a la confluencia de dos factores críticos: la falta de munición compatible tras el veto del Gobierno a la compra de cartuchos israelíes y la detección de fallos mecánicos persistentes en una parte significativa del lote suministrado.
El armamento, destinado originalmente a las unidades de seguridad ciudadana, ha quedado almacenado en las dependencias del Cuerpo al agotarse las existencias de munición apta para su funcionamiento. Según los informes técnicos del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, las balas fabricadas por la empresa israelí IMI Systems eran las únicas que garantizaban la operatividad del arma sin encasquillamientos. El Ministerio del Interior anuló el contrato de suministro de 15 millones de cartuchos tras la decisión del Ejecutivo de suspender las transacciones de material bélico con Israel.
Las actas de laboratorio revelan que los test realizados con proyectiles de otros fabricantes —entre ellos la italiana Fiocchi, la española Omena Technologies y la checa Sellier & Bellot— no superaron las pruebas de percusión y extracción. La incompatibilidad técnica de estas alternativas con la configuración de las pistolas Ramon impedía su uso seguro, comprometiendo la fiabilidad del equipo en situaciones de intervención policial directa.
A la problemática del suministro de munición se añade el estado de conservación de las propias armas. Cerca de 4.000 unidades ya habían sido apartadas previamente por la Dirección General de la Guardia Civil debido a defectos recurrentes en el sistema de extracción. A pesar de la distribución de kits de reparación y uña extractora por parte del proveedor original, las deficiencias no fueron subsanadas en su totalidad, lo que derivó en la inhabilitación operativa de casi la mitad del contingente adquirido.
En términos económicos, la inversión inicial de dos millones de euros para la compra de estas pistolas se ha visto neutralizada por la imposibilidad de su uso. Ante este escenario de carestía de equipo, el Ministerio del Interior ha iniciado un nuevo proceso de licitación para la compra de 7.500 pistolas con un presupuesto de 4,5 millones de euros. El coste por unidad de este nuevo contrato asciende a 600 euros, lo que supone un incremento del 120% respecto a los 269 euros que costó cada ejemplar del modelo Ramon.
Desde el ámbito institucional, la gestión de estos contratos ha estado marcada por el contexto geopolítico. Aunque Interior intentó formalizar la compra de munición para evitar que las 9.000 armas quedaran inutilizadas, la presión de los socios de coalición del Gobierno y el compromiso de no adquirir armamento de procedencia israelí forzaron la anulación definitiva del contrato de cartuchería. Esta situación ha obligado a la Benemérita a buscar alternativas de suministro de emergencia para no mermar la capacidad operativa de sus agentes en el territorio nacional.
