La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz. El fallo judicial, que confirma la existencia de irregularidades en la contratación del primero en la institución provincial, ha sido recibido por la acusación popular, ejercida por la asociación Iustitia Europa, como un avance significativo en la fiscalización de la administración pública.

El tribunal considera acreditado que la Diputación de Badajoz procedió a la creación del puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios con el objetivo predeterminado de que fuera ocupado por David Sánchez. Según la resolución judicial, el proceso de selección y los criterios de valoración fueron diseñados específicamente para facilitar su contratación, lo que constituye un delito de prevaricación administrativa al vulnerar los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público.

Iustitia Europa, entidad que ha liderado la acción penal, ha calificado la sentencia como un «hito» para el Estado de Derecho. La organización ha destacado que el pronunciamiento judicial se produce a pesar de que el Ministerio Fiscal no formuló acusación y solicitó formalmente el sobreseimiento de la causa. «Esta sentencia demuestra que la sociedad civil organizada puede llegar donde otras instituciones decidieron no llegar», ha señalado Luis María Pardo, presidente de la asociación y director de la acusación popular.

La resolución de la Audiencia Provincial incluye, además, la condena en costas a los responsables del procedimiento. Este extremo es de especial relevancia jurídica, ya que obliga a los condenados a sufragar los gastos derivados de la intervención de las acusaciones populares. Desde la asociación sostienen que este reconocimiento valida la labor de quienes sostuvieron la acción penal en defensa del interés general ante la inacción de la Fiscalía.

El fallo detalla el mecanismo administrativo empleado para la adjudicación de la plaza, subrayando que la discrecionalidad técnica fue utilizada para encubrir una decisión arbitraria. Para la acusación popular, el contenido del texto judicial representa uno de los precedentes más rigurosos de los últimos años en materia de lucha contra la corrupción y control de la discrecionalidad en la provisión de puestos en la administración local.

Finalmente, la representación jurídica de Iustitia Europa ha reivindicado la independencia de su estrategia procesal, tras meses de instrucción. La sentencia refuerza la figura de la acción popular como un mecanismo constitucional necesario para garantizar que el cumplimiento de la legalidad se mantenga por encima de las posiciones institucionales cuando estas optan por el archivo de investigaciones que afectan a cargos públicos.