La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por un delito de prevaricación. El tribunal ha impuesto una pena de nueve años de inhabilitación para Sánchez y de 18 años para Gallardo, al considerar probado que ambos participaron en un plan para la creación ad hoc de un puesto de trabajo en la institución provincial que posteriormente fue adjudicado al primero.

Según recoge el fallo judicial, existen «múltiples indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten concluir la existencia de una estrategia ideada desde las «más altas instancias» de la Diputación pacense. La sentencia establece que los acusados actuaron bajo un «plan preconcebido» y con «unidad de acción» para articular una serie de actos administrativos de carácter arbitrario cuyo fin último era favorecer la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón.

La resolución judicial también alcanza a otros altos cargos y funcionarios de la administración provincial. Entre ellos destaca la condena a nueve años de inhabilitación para Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura, y para Manuel Candalija, director del área de Identidad Cultural, este último en calidad de cooperador necesario. El tribunal vincula estas penas a la creación en el año 2023 de una plaza específica que fue adjudicada en comisión de servicio a un allegado de David Sánchez, reforzando la tesis del uso irregular de los mecanismos de contratación pública.

Tras hacerse pública la decisión de la Audiencia, la Diputación de Badajoz ha emitido un comunicado oficial en el que manifiesta su «respeto profundo» ante el fallo judicial, enmarcando esta postura en el normal funcionamiento del Estado de Derecho. La institución provincial ha subrayado su plena confianza en la justicia y ha recordado que ha colaborado con el proceso durante toda la fase de instrucción, comprometiéndose a mantener dicha cooperación en cualquier requerimiento futuro.

El tribunal sostiene en sus fundamentos de derecho que la creación de la plaza no respondió a necesidades reales de la administración, sino a un diseño administrativo para encajar un perfil determinado. La sentencia, que llega tras un proceso de gran relevancia mediática, pone el foco en la gestión de los recursos humanos y la transparencia en la Diputación de Badajoz durante el mandato de los condenados.