La Comunidad de Madrid exige explicaciones al Gobierno central ante un presunto boicot institucional a los actos del Dos de Mayo
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado este jueves explicaciones formales al Ejecutivo central tras las informaciones publicadas que sugieren una supuesta instrucción política desde la Dirección General de la Guardia Civil para ausentarse del acto central del Dos de Mayo de 2025. Según el Ejecutivo regional, estos hechos supondrían un uso inapropiado de las instituciones públicas con fines partidistas.
La controversia surge a raíz de una información periodística que señala que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, habría transmitido a través de mandos del Instituto Armado la orden de no participar en la festividad oficial de la región el próximo año. De acuerdo con estas informaciones, el teniente general Luis del Castillo habría comunicado dicha instrucción al general jefe de la zona de Madrid, Fernando Mora, calificándola como una directriz de carácter político.
En un comunicado oficial emitido tras conocerse los detalles, el Ejecutivo madrileño ha calificado la situación de «extrema gravedad», considerando «inaudito» que se pueda coaccionar a altos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para interferir en la actividad institucional de una administración autonómica. Desde la Real Casa de Correos se sostiene que una institución como la Guardia Civil no debe ser utilizada para intentar «dañar o desprestigiar a adversarios políticos».
La administración que preside Isabel Díaz Ayuso enmarca este episodio en lo que define como una «operación de Estado» dirigida desde el Palacio de la Moncloa contra el Gobierno regional. En este sentido, el comunicado subraya que este presunto boicot constituye un «nuevo ataque frontal contra la democracia» y forma parte de una estrategia de confrontación que vienen denunciando de forma recurrente.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha querido expresar su respaldo explícito a la Guardia Civil como institución, desvinculando el honor y la labor del cuerpo de las decisiones políticas de su actual cúpula directiva. El texto recalca la necesidad de preservar la neutralidad de los funcionarios públicos frente a posibles presiones externas.
Para concluir, el Gobierno autonómico ha instado a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid a emitir una declaración conjunta de condena ante lo que califican como un «escándalo institucional». Hasta el momento, el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil no han emitido una respuesta oficial detallada que aclare la naturaleza de las comunicaciones internas referidas en la denuncia madrileña.
