Bolaños celebra el respaldo del TJUE a la Ley de Amnistía y urge su aplicación a los líderes del procés

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado positivamente este viernes el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario. Durante una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, el ministro ha instado a que la norma se aplique «lo antes posible» a los dirigentes políticos vinculados al proceso independentista, incluyendo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Para el Ejecutivo, la resolución judicial supone haber «despejado el horizonte» para la plena ejecución de una ley que Bolaños ha calificado como un «logro colectivo». Según el titular de Justicia, la norma es una herramienta fundamental para la «normalización institucional, política y social en Cataluña», subrayando que, a su juicio, la sociedad ha comenzado a percibir los beneficios de la medida de gracia a pesar del rechazo inicial de ciertos sectores.

En su intervención, Bolaños ha recordado que la ley ya ha desplegado sus efectos sobre cerca de 400 personas, abarcando desde manifestantes y activistas hasta miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, ha enfatizado que el cumplimiento de la voluntad expresada por las Cortes Generales solo se alcanzará de forma total cuando la amnistía alcance también a los líderes que impulsaron el proceso soberanista.

«Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización», ha declarado el ministro. Asimismo, ha reiterado que el fin de esta fase sería «positivo para todos» y ha manifestado su esperanza de que los procedimientos judiciales pendientes se resuelvan con celeridad tras el pronunciamiento de la justicia europea.

La comparecencia, realizada sin turno de preguntas, se produce en un escenario de intenso debate jurídico y político. Mientras el Gobierno refuerza su posición tras el aval del TJUE, figuras de la oposición y otros actores políticos, como el expresidente José María Aznar, han manifestado su disconformidad con las conclusiones del tribunal europeo, calificando la situación de agresión al ordenamiento jurídico.