El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez haber ordenado a la UCO «ponerse de perfil» en las investigaciones al entorno del Gobierno
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia. Durante su declaración ante el magistrado Santiago Pedraz, Llamas ha negado haber ejercido presiones sobre los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) para interferir en las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a dirigentes del PSOE.
El teniente general ha rechazado tajantemente la versión ofrecida previamente por dos exjefes de la UCO, los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Ambos mandos relataron en sede judicial que, durante una reunión celebrada en julio de 2024, Llamas les habría dado la instrucción de «ponerse de perfil» y no mostrarse proactivos en las pesquisas relacionadas con David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo. El DAO ha desmentido tales afirmaciones, asegurando que no se impartieron órdenes para condicionar el desarrollo de las diligencias judiciales.
La investigación judicial trata de determinar si desde la cúpula del Instituto Armado se impulsaron actuaciones administrativas con el fin de obstaculizar el trabajo de la unidad de élite. Mañana viernes está citada a declarar, también como investigada por los mismos ilícitos, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El magistrado busca esclarecer si la apertura de expedientes disciplinarios y notas reservadas contra agentes de la UCO obedeció a una voluntad de depuración administrativa o si fue una herramienta de intimidación.
Según los informes que obran en la causa, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que se produjo una «ocultación deliberada» de información relevante por parte de la Dirección Adjunta Operativa. El Ministerio Público señala que Llamas habría tenido conocimiento de una presunta trama externa destinada a actuar contra la UCO, pero que no informó de ello a la unidad investigadora hasta que fue interpelado por el general jefe de Policía Judicial el 8 de mayo de 2025. Para la Fiscalía, este comportamiento resulta incompatible con los deberes del cargo y constituye un elemento de gravedad probatoria.
Los testimonios de los generales Yuste y López Malo han sido fundamentales para el avance de la instrucción. Ambos mandos indicaron que, ante la falta de directrices para investigar las maniobras contra su propia unidad, se vieron obligados a establecer servicios de contravigilancia para proteger a sus oficiales, entre ellos al jefe de la unidad anticorrupción. En contraste con la situación de Llamas y González, el juez Pedraz ha eximido de la imputación al anterior director del Cuerpo, Leonardo Marcos, al no apreciar indicios suficientes de delito en su actuación.
El caso sitúa el origen de las tensiones en una serie de reuniones entre Mercedes González y personas vinculadas a la estructura operativa del PSOE. Los investigadores de la UCO vinculan temporalmente estos encuentros con el inicio de las informaciones reservadas contra los agentes por supuestas filtraciones a los medios de comunicación. La tesis de la acusación apunta a que estas acciones buscaban generar un «efecto intimidatorio» para condicionar el curso de las investigaciones de corrupción que afectan al ámbito gubernamental.
