Gibraltar prohíbe la actividad de taxis españoles y refuerza los controles en la frontera

El Gobierno de Gibraltar ha ratificado este jueves que los taxis con licencia española no podrán prestar servicios de transporte en el Peñón, independientemente de la desaparición de la Verja tras el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido. El Ejecutivo local ha anunciado el despliegue de inspectores de transporte en la zona fronteriza para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente y vigilar la entrada de vehículos de servicio público extranjeros.

Según el comunicado oficial emitido por las autoridades gibraltareñas, los inspectores tendrán la función de supervisar el acceso de los taxis españoles, levantar actas de infracción e imponer las multas correspondientes en caso de detectar incumplimientos en la regulación del servicio. Esta medida se produce en un contexto de reorganización del tránsito fronterizo tras los acuerdos post-Brexit.

La vigilancia contará con el apoyo de otras fuerzas del orden, que colaborarán con el cuerpo de inspectores para proceder, si fuera necesario, a la inmovilización o retirada de los vehículos que contravengan la ley dentro de la jurisdicción del Peñón. Asimismo, el Ejecutivo ha solicitado la colaboración ciudadana para comunicar cualquier incidencia, asegurando que las fuerzas de seguridad actuarán con «rapidez y prontitud» ante las denuncias recibidas.

En el ámbito administrativo, el Gobierno de Gibraltar ha iniciado contactos con las jurisdicciones vecinas para recordar formalmente que las normas relativas al transporte transfronterizo no han experimentado cambios. Con esta comunicación, el Ejecutivo pretende evitar malentendidos sobre la capacidad de operación de los conductores españoles en suelo gibraltareño.

Finalmente, el Gobierno ha expresado su «pleno respaldo» al sector del taxi local, destacando la importancia del servicio que prestan tanto a la comunidad residente como a los visitantes. El comunicado concluye reafirmando que los taxistas gibraltareños cuentan con el apoyo institucional necesario para proteger su actividad profesional frente a la competencia externa no autorizada.