La Comisión Europea reclama a España una mayor desvinculación entre la Fiscalía General y el Ejecutivo

La Comisión Europea (CE) ha instado formalmente este viernes a España a profundizar en la reforma del Ministerio Fiscal para garantizar una separación efectiva entre los mandatos del Fiscal General del Estado y el del Gobierno. El Ejecutivo comunitario subraya la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico español a los estándares europeos de independencia y autonomía, en el marco de sus recomendaciones periódicas sobre el Estado de derecho.

En su valoración técnica, Bruselas ha hecho hincapié en que la coincidencia temporal de los mandatos y la actual estructura orgánica pueden comprometer la percepción de imparcialidad de la institución. Por ello, la Comisión solicita medidas legislativas que aseguren que la Fiscalía General opere con una autonomía reforzada, minimizando cualquier vinculación con el poder político de turno.

A pesar de esta advertencia, el organismo europeo ha reconocido la existencia de «avances significativos» en lo que respecta al refuerzo del estatuto del Ministerio Fiscal. El informe valora positivamente las medidas adoptadas recientemente para robustecer la carrera fiscal y los mecanismos internos de funcionamiento, aunque considera que estas mejoras deben culminar con la resolución de la interdependencia con el Ejecutivo.

Esta petición se alinea con la doctrina mantenida por la Unión Europea para todos sus Estados miembros, donde se promueve que las autoridades encargadas de la persecución penal gocen de una estructura blindada frente a injerencias externas. La adecuación de España a estas normas es objeto de seguimiento continuo por parte de la Vicepresidencia de Valores y Transparencia de la Comisión.

El requerimiento de la Comisión Europea se produce en un contexto de especial atención sobre la calidad institucional en el territorio comunitario. Las autoridades españolas deberán ahora evaluar los mecanismos para dar cumplimiento a esta recomendación, que busca armonizar el funcionamiento de la justicia española con las mejores prácticas internacionales en materia de independencia judicial.