La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha comparecido este viernes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para negar cualquier implicación en la presunta trama liderada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la militante socialista Leire Díez. Durante su declaración como investigada por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia, González ha asegurado sentirse utilizada y se ha desmarcado de las acciones de los principales señalados en el procedimiento.
La máxima responsable del Instituto Armado ha sostenido ante el magistrado que no mantenía una relación directa con Santos Cerdán y que, de haber conocido que Leire Díez actuaba en su nombre, no habría accedido a reunirse con ella. «Yo estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán», ha afirmado González, según fuentes jurídicas, en un intento de distanciarse de la supuesta influencia que la trama pretendía ejercer sobre la cúpula del Cuerpo para interferir en investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).
La instrucción judicial busca determinar si desde la Dirección General de la Guardia Civil se impulsaron expedientes administrativos con el fin de obstaculizar el trabajo de la UCO en causas que afectaban a intereses del Partido Socialista. La investigación vincula las tres reuniones mantenidas entre González y Díez en la sede de la Dirección General con la apertura de informaciones reservadas contra mandos de la unidad de élite, procesos que la Fiscalía Anticorrupción califica como instrumentos de «intimidación» destinados a condicionar el desarrollo de las pesquisas policiales.
Por su parte, el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, quien declaró el pasado jueves también en calidad de investigado, ha negado cualquier irregularidad en la gestión de estos expedientes. Llamas defendió la legalidad de las actuaciones administrativas, enmarcándolas en el control ordinario de la mala praxis profesional. Asimismo, atribuyó las acusaciones vertidas por los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, a una supuesta «vendetta» motivada por diferencias personales y un clima de falta de entendimiento en la cúpula del Cuerpo.
Uno de los puntos clave del interrogatorio a Mercedes González ha girado en torno a la ocultación de sus encuentros con Leire Díez. Según los testimonios de los mandos de la UCO, la directora no informó de estos contactos durante las reuniones oficiales en las que se le alertó sobre la existencia de una red que buscaba desacreditar a los investigadores. Las pesquisas han acreditado que González mantuvo comunicación con Díez incluso después de haber recibido una nota interna de aviso por parte de la propia Guardia Civil sobre las actividades de la militante socialista.
El Ministerio Público sostiene que el objetivo de las investigaciones internas promovidas por la Dirección General no era la depuración de responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto coercitivo sobre los agentes. Llamas, sin embargo, ha mantenido su respaldo a estos procesos, incluyendo el expediente abierto tras la aparición del correo oficial de Begoña Gómez en un informe judicial, argumentando la necesidad de proteger datos de personas ajenas a los procesos de investigación.
