El Parlamento de Portugal aprueba la prohibición de cubrirse el rostro en espacios públicos
La Asamblea de la República de Portugal ha aprobado este viernes de forma definitiva un proyecto de ley que prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro en lugares públicos, incluyendo el burka y el niqab. La iniciativa, que ha contado con el respaldo mayoritario de las fuerzas de centroderecha y la extrema derecha, busca establecer nuevas regulaciones sobre la identificación ciudadana y la seguridad en el territorio luso.
Tras esta votación, el documento ha sido remitido al despacho del presidente de la República, António José Seguro. El jefe de Estado dispone ahora de las facultades constitucionales para promulgar la ley, ejercer su derecho a veto o enviarla al Tribunal Constitucional para que evalúe la conformidad del articulado con la Carta Magna portuguesa antes de su entrada en vigor.
La votación final ha reflejado una marcada división en el hemiciclo. El texto recibió el apoyo del Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social (CDS-PP) —socios de la coalición de Gobierno—, junto a Iniciativa Liberal (IL) y el partido Chega, promotor original de la medida. En el bloque opositor, el Partido Socialista (PS), el Bloco de Esquerda (BE), el Partido Comunista de Portugal (PCP) y el ecologista Livre votaron en contra, mientras que el partido animalista PAN y el regionalista JPP optaron por la abstención.
El texto definitivo es fruto de más de ocho meses de negociaciones entre Chega y el oficialista PSD. Durante este proceso, se modificó el enfoque original para centrar la argumentación en la seguridad pública y la identificación individual, restando peso a las referencias de carácter estrictamente religioso. Asimismo, se modificó el régimen sancionador: se descartó la pena de prisión de hasta tres años planteada inicialmente y se sustituyó por multas de entre 200 y 2.000 euros para casos de negligencia, y de entre 400 y 4.000 euros en supuestos de dolo.
Desde la formación Chega, su líder André Ventura defendió la medida como una herramienta necesaria para la protección de la cultura nacional y la dignidad de las mujeres. El texto aprobado justifica la intervención legislativa al considerar que el respeto a la integridad femenina es a menudo ignorado y que el Estado de derecho debe garantizar principios de visibilidad y respeto en el espacio público.
Por el contrario, la iniciativa ha suscitado críticas por parte de diversas organizaciones civiles y grupos de derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado la propuesta de «discriminatoria», advirtiendo que vulnera los derechos de las mujeres que optan por usar velo por motivos de fe o identidad personal. Los partidos de izquierda en el Parlamento han coincidido en señalar que la norma atenta contra la libertad religiosa y los principios de convivencia multicultural en Portugal.
