Solicitan la suspensión cautelar de contratos externos para la tramitación de nacionalidad en Argentina y Cuba
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha remitido una solicitud formal a los embajadores y cónsules de España en Buenos Aires y La Habana para reclamar la paralización cautelar de cualquier contrato o encomienda de gestión con la empresa pública Ineco y, en el caso de la capital cubana, con entidades estatales locales. La petición afecta directamente a la tramitación de expedientes de nacionalidad vinculados a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Esta acción jurídica se produce tras la solicitud de revisión de oficio presentada ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes respecto a la instrucción de noviembre de 2024. Dicha norma amplía los criterios de acceso a la nacionalidad al presumir la condición de exiliado para todos los ciudadanos españoles que salieron del país entre 1936 y 1955, facilitando el reconocimiento de la ciudadanía a sus descendientes.
La asociación argumenta que el reconocimiento de la nacionalidad española constituye un acto de soberanía estatal con una trascendencia jurídica que exige las máximas garantías. Según el escrito presentado, la verificación de la identidad, la filiación y la documentación histórica requiere una especialización técnica que debe recaer de forma exclusiva en los órganos competentes del Registro Civil y sus funcionarios de carrera, cuestionando así la delegación de tareas de apoyo en personal externo.
En el documento enviado a las autoridades diplomáticas en Cuba, la entidad reclama además que se aclare el marco jurídico que ampara la colaboración con empresas estatales del país caribeño en la gestión de expedientes. La organización solicita transparencia sobre los instrumentos administrativos utilizados —ya sean contratos, convenios o encomiendas a medio propio— y pide delimitar con precisión qué funciones están siendo desempeñadas por estos agentes externos frente a las que deben permanecer reservadas al funcionariado consular.
La iniciativa responde al elevado volumen de solicitudes registradas en estas demarcaciones. En Argentina, los cinco consulados españoles acumulan cerca de un millón de peticiones bajo la denominada «ley de nietos», de las cuales 645.000 se concentran en Buenos Aires. Por su parte, el Consulado General en La Habana se sitúa como la segunda oficina con mayor carga de trabajo a nivel mundial, con aproximadamente 350.000 expedientes en curso. La asociación sostiene que la celeridad en los trámites no debe comprometer la seguridad jurídica del procedimiento.
