El Gobierno apela a la presunción de inocencia de Zapatero tras las revelaciones sobre el rescate de Plus Ultra
El Ejecutivo ha modificado su posicionamiento oficial respecto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras las recientes declaraciones judiciales en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La administración, que hasta ahora mantenía un respaldo sin fisuras hacia el antiguo líder socialista, ha pasado a limitar su postura a la reivindicación de la presunción de inocencia, tras la comparecencia del empresario Julio Martínez Martínez ante la Audiencia Nacional.
Martínez Martínez ratificó el pasado martes ante el juez José Luis Calama un escrito en el que sostiene que Rodríguez Zapatero medió activamente para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada a la compañía aérea en marzo de 2021. Según el testimonio del empresario, el expresidente habría pactado una comisión del 1% por estas gestiones, que habrían incluido contactos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) semanas antes de la aprobación oficial del rescate por el Consejo de Ministros.
La tesis de la mediación ha sido apuntalada por la cúpula de Plus Ultra. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, remitieron escritos al juzgado detallando la supuesta participación de Zapatero. En dichos documentos se describe el uso de la consultora Análisis Relevante para canalizar pagos y se menciona el disfrute de 46 vuelos en clase business, valorados en unos 530.000 euros, que el expresidente no habría abonado.
Desde el Palacio de la Moncloa se mantiene que el expediente de ayuda pública a Plus Ultra contó con todos los avales técnicos y auditorías preceptivas, incluyendo la supervisión del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Europea. Fuentes gubernamentales subrayan que, hasta la fecha, no se han aportado pruebas documentales que sustenten las acusaciones de Martínez Martínez, a quien consideran que podría estar utilizando su derecho a la defensa para mejorar su situación procesal.
La inquietud en sectores del Partido Socialista reside en la posibilidad de que el expresidente modifique su estrategia de defensa para proteger a sus hijas, quienes también han sido señaladas por percibir remuneraciones de la consultora investigada. Un cambio en la declaración de Rodríguez Zapatero que admitiese labores de intermediación obligaría a identificar a los interlocutores dentro de la Administración, lo que trasladaría la presión política directamente al actual gabinete de Pedro Sánchez.
Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continúa investigando el papel de Análisis Relevante. Los informes policiales sugieren que esta sociedad pudo ser instrumental para ocultar el cobro de honorarios derivados del rescate, dilatando los pagos hasta el año 2026 para evitar el foco mediático que existía sobre la financiación pública de la aerolínea en el momento de su concesión.
