El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de 25 preguntas dirigidas al Gobierno con el objetivo de fiscalizar el grado de ejecución del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Esta iniciativa parlamentaria surge tras el análisis de las 15 medidas comprometidas por el Ejecutivo el pasado mes de julio, las cuales, según la formación de la oposición, no han sido implementadas en su totalidad casi un año después de su anuncio oficial.
En el texto de la iniciativa, los populares califican el balance de «demoledor» y denuncian que la mayoría de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permanecen pendientes de desarrollo normativo. El Grupo Popular sostiene que gran parte de estas medidas están supeditadas a la aprobación de una futura Ley Orgánica de Integridad Pública que aún no ha iniciado su trámite parlamentario efectivo.
El primer paquete de interrogantes se centra en la actividad de la Comisión Interministerial adscrita al Ministerio de Hacienda, órgano creado específicamente para el impulso y seguimiento de este plan. El PP solicita al Gobierno que detalle el número de reuniones celebradas por este órgano, la identidad de los asistentes, el orden del día de las sesiones y los acuerdos adoptados. Asimismo, la oposición requiere acceso a las actas, informes y cronogramas de trabajo que, aseguran, no han sido publicados hasta la fecha.
La fiscalización parlamentaria también pone el foco en la transparencia administrativa. El Grupo Popular inquiere si la citada Comisión ha cumplido con las funciones previstas en su norma de creación o si, por el contrario, su funcionamiento ha carecido de efectos prácticos verificables. En este sentido, preguntan qué ministerios han incumplido los plazos o entregables vinculados al Plan y si el Ministerio de Hacienda ha exigido responsabilidades por estos retrasos.
Un segundo bloque de preguntas se orienta a la revisión de la gestión pública en el contexto de las investigaciones judiciales en curso. El Partido Popular cuestiona si el Gobierno ha ordenado auditorías independientes sobre contratos, subvenciones y rescates empresariales en los que hayan podido intervenir personas vinculadas a causas de corrupción relacionadas con el entorno del Ejecutivo o del Partido Socialista.
Entre las demandas de información, destaca la petición de conocer qué expedientes han sido remitidos por el Gobierno a organismos de control como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía o la Oficina de Conflictos de Intereses. El PP reclama conocer si se han activado controles específicos sobre ministerios y empresas públicas que han aparecido mencionados en investigaciones policiales o periodísticas recientes.
Finalmente, la iniciativa parlamentaria insta al Ejecutivo a explicar la «brecha» existente entre los anuncios públicos de regeneración democrática y la ejecución real de las medidas. El Grupo Popular solicita al Gobierno que aclare si considera que la parálisis de este plan afecta a la integridad pública y qué medidas concretas se han adoptado para impedir que personas investigadas puedan influir en decisiones públicas o acceder a información privilegiada.
