La Administración General del Estado lidera la impugnación judicial de las resoluciones de Transparencia
La Administración General del Estado se ha consolidado como el principal recurrente contra las decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Según se desprende de la Memoria de Actividades 2025 del organismo, el 73,2% de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra sus resoluciones durante el pasado ejercicio fueron promovidos por ministerios y organismos públicos. Esta cifra pone de manifiesto que, en una amplia mayoría de los casos, el conflicto por el acceso a la información pública no concluye con el dictamen del órgano garante, sino que se traslada a la vía judicial.
Durante el año 2025, el Consejo contabilizó un total de 41 recursos judiciales contra sus decisiones. De estos, 30 fueron presentados por departamentos ministeriales y entidades del sector público, mientras que los 11 restantes procedieron de ciudadanos, empresas o fundaciones. Esta tendencia sitúa a la propia Administración como el actor que con mayor frecuencia cuestiona los criterios de publicidad activa y acceso a la información que el Consejo intenta imponer en cumplimiento de la normativa vigente.
Litigiosidad en la estructura ministerial
El recurso a los tribunales es una práctica extendida en casi toda la estructura del Ejecutivo. Entre los recurrentes figuran ministerios de peso institucional como Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Defensa; y Transportes y Movilidad Sostenible. Asimismo, entidades de gran relevancia administrativa como la Agencia Tributaria (AEAT), la Dirección General de Tráfico (DGT), la Tesorería General de la Seguridad Social, el SEPE, Renfe y Adif también han acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar las órdenes de entrega de información.
La judicialización de estos procesos contribuye a dilatar el acceso efectivo a los datos solicitados. Al cierre de 2025, el sistema acumulaba 172 procedimientos judiciales pendientes de resolución, entre los que se incluyen 24 recursos de casación ante el Tribunal Supremo. El volumen de asuntos en espera subraya que las reclamaciones sobre transparencia pueden prolongarse durante años antes de que exista una sentencia firme que obligue, en su caso, a la entrega de la documentación.
Año récord en reclamaciones ciudadanas
Este incremento de la litigiosidad coincide con un aumento histórico en la actividad del Consejo. En 2025, el CTBG registró 2.767 reclamaciones, lo que supone un incremento del 40,2% respecto al año anterior y la cifra más alta desde la creación del organismo. Del total de quejas, 1.778 se dirigieron contra la Administración General del Estado y sus organismos vinculados, mientras que 989 correspondieron a administraciones autonómicas y locales bajo la tutela del Consejo.
El análisis de estas reclamaciones revela que el silencio administrativo sigue siendo el principal obstáculo para la transparencia. El 45,5% de las quejas presentadas contra la Administración central tuvieron su origen en la ausencia total de respuesta por parte de los organismos públicos dentro del plazo legal. En la práctica, casi la mitad de los ciudadanos que acuden al Consejo lo hacen porque su solicitud inicial no fue atendida ni siquiera para ser denegada de forma motivada.
Resoluciones favorables y materias sensibles
A pesar de la resistencia administrativa, el Consejo de Transparencia continúa fallando mayoritariamente a favor del derecho de acceso. El 65,9% de las reclamaciones admitidas a trámite finalizaron con un pronunciamiento favorable al ciudadano. Un dato significativo es que el 40,3% de estas estimaciones se produjeron por «motivos formales», lo que significa que la Administración facilitó la información solo después de la intervención del Consejo, reconociendo implícitamente una vulneración previa de los plazos legales.
Las materias que generan mayor fricción y que acaban con frecuencia en los tribunales están relacionadas con la fiscalización del gasto público. Destacan las solicitudes sobre retribuciones, complementos de productividad y procesos selectivos de personal eventual. Asimismo, la contratación pública, los expedientes administrativos y la ejecución de obras e infraestructuras se mantienen como los ámbitos donde la ciudadanía demanda mayor transparencia y donde la Administración muestra una mayor tendencia a la impugnación judicial.
