Coalición de 24 estados demanda al Gobierno de EE. UU. por condicionar fondos de emergencia a cooperación migratoria
Una coalición de 24 estados de Estados Unidos, junto con el Distrito de Columbia, ha interpuesto una demanda contra la Administración de Donald Trump tras la decisión del Ejecutivo de supeditar la entrega de fondos federales para emergencias y desastres naturales a la colaboración en materia migratoria y la entrega de datos electorales. La medida afecta a miles de millones de dólares destinados originalmente por el Congreso para la seguridad pública y la lucha contra el terrorismo.
El recurso legal, liderado por el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, y respaldado por los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) carecen de autoridad legal para imponer estas exigencias. Según los demandantes, la Administración busca utilizar fondos esenciales como herramienta de presión para que los estados modifiquen sus procedimientos electorales y destinen recursos locales a la aplicación de leyes federales de inmigración.
Entre las condiciones impugnadas destaca la obligatoriedad de transmitir al DHS las listas completas de votantes registrados y el uso del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones (SAVE) para comprobar la ciudadanía de trabajadores electorales y votantes. Asimismo, la nueva política incluye una cláusula que permitiría a las autoridades federales retener hasta el 20% de los fondos estatales para la lucha contra el terrorismo si las legislaciones locales no se ajustan a los objetivos del Gobierno federal.
La coalición argumenta que los fondos en cuestión, que incluyen el Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional, fueron asignados por el Poder Legislativo con fines específicos de preparación ante desastres y ciberataques. En el texto de la demanda, se subraya que el Poder Ejecutivo no posee la facultad de alterar el destino de estas partidas presupuestarias. Además, los estados alegan que estas condiciones ya fueron declaradas ilegales por un juez de distrito el año pasado.
El grupo de demandantes está integrado por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Rhode Island, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania. Las autoridades estatales han advertido que la amenaza de rescisión de estas subvenciones socava la fiabilidad de programas de seguridad críticos para la protección de los ciudadanos.
Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha manifestado que la retención de estos recursos priva de medios necesarios a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden. Según Shapiro, el intento de supeditar la financiación a cambios en el sistema de votación —que incluiría el paso a papeletas de papel y auditorías manuales específicas— representa una interferencia en el derecho constitucional de los estados a gestionar sus propios procesos electorales.
