La Administración Trump impone nuevos aranceles a 60 economías por presunto uso de trabajo forzoso

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves la implementación de nuevos gravámenes arancelarios, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, sobre las importaciones procedentes de 60 naciones, entre las que se encuentra España. La medida se fundamenta en los resultados de una investigación que concluye que dichos países han realizado esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso en sus procesos productivos.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha señalado que las economías investigadas —incluyendo a la Unión Europea, China, India, Japón, Reino Unido, Canadá y México— han fallado en imponer y aplicar de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con mano de obra forzada. Según el argumento de Washington, esta situación distorsiona la competencia y perjudica a la industria estadounidense al permitir la entrada masiva de productos a precios artificialmente bajos.

La estructura impositiva se aplicará de forma diferenciada según el compromiso previo de cada socio comercial. Aquellos bloques o países que ya cuentan con regímenes parciales o compromisos establecidos, como es el caso de la Unión Europea, afrontarán un arancel adicional del 10%. Por el contrario, el resto de las naciones incluidas en la lista de la USTR se verá afectado por un gravamen del 12,5%.

No obstante, la Administración ha establecido ciertas exenciones para evitar el desabastecimiento en sectores estratégicos. Según los informes técnicos, quedarán fuera de esta carga impositiva determinados bienes amparados por el tratado USMCA con Canadá y México, así como productos esenciales como el petróleo, el gas, los fertilizantes y algunos suministros alimentarios específicos.

Esta acción se enmarca en la estrategia de la segunda Administración Trump para reconstruir un marco de protección comercial, tras la invalidación por parte del Tribunal Supremo de medidas anteriores más amplias basadas en poderes de emergencia. La imposición actual culmina un proceso iniciado en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, cuyas conclusiones fueron publicadas el pasado mes de junio.

En el caso de España, se espera un impacto directo en sectores clave como el automovilístico, el textil y el agroalimentario. Expertos del sector prevén que las empresas afectadas trasladen parte del sobrecoste de estos aranceles a los precios finales en el mercado estadounidense, lo que podría afectar la competitividad de las exportaciones españolas en el corto y medio plazo.