Óscar Puente vincula la gestión de incendios en regiones del PP con su política de reducción de impuestos
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado este viernes la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) en materia de extinción de incendios forestales. El titular de la cartera ministerial ha señalado una supuesta contradicción entre la solicitud recurrente de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las políticas de rebajas fiscales aplicadas por estos gobiernos regionales.
La crítica del ministro se produce en un contexto de activación de la UME para colaborar en las labores de control de fuego en diversos municipios de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León. Ambas autonomías, presididas por Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco respectivamente, han requerido el apoyo de los efectivos militares del Estado para hacer frente a los focos registrados en sus territorios.
A través de una publicación en la red social X, Puente ha manifestado que el recurso a esta unidad militar se ha normalizado como sustituto de los servicios autonómicos. «Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas del PP», afirmó el ministro, quien vinculó esta dependencia con la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales.
El ministro ha fundamentado su postura apoyándose en denuncias de colectivos profesionales, como los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, quienes lamentaron públicamente no haber sido activados para intervenir en incendios como el de Almorox. Según Puente, el modelo de gestión de las administraciones populares se basa en «reducir impuestos a los ricos» y «jibarizar los servicios públicos», para posteriormente solicitar el auxilio del Gobierno central ante situaciones de emergencia.
Esta declaración se enmarca en la confrontación política habitual entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas lideradas por la oposición en torno al reparto de competencias y la suficiencia de recursos propios para la gestión de crisis medioambientales durante la campaña estival.
