La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, han presentado este viernes una proposición de ley orientada a transformar el mercado inmobiliario mediante la reconversión de oficinas y locales comerciales en Viviendas de Protección Oficial (VPO). La iniciativa, que será registrada formalmente el próximo lunes, contempla asimismo un incremento de la edificabilidad en desarrollos urbanísticos pendientes de consolidación bajo la condición de que el excedente se destine íntegramente a vivienda protegida.
La normativa tiene un carácter temporal y excepcional, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables por el Consell Executiu. Su aplicación se limitará a los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado y áreas de demanda fuerte, lo que afecta aproximadamente a 270 localidades catalanas. El objetivo principal de la propuesta es incorporar hasta 20.000 nuevas unidades de VPO al parque público, enmarcando esta cifra dentro del plan estratégico del Govern para alcanzar las 50.000 viviendas protegidas durante la presente legislatura.
En el apartado técnico, la ley permitirá el cambio de uso a residencial para edificios situados en suelo terciario que funcionen actualmente como oficinas, hoteles o aparcamientos privados en altura. Para acogerse a esta medida, los promotores deberán reconvertir al menos el 50% de la superficie total del inmueble. Las viviendas resultantes deberán poseer una superficie mínima de 50 metros cuadrados y contar con cédula de habitabilidad. Además, los propietarios de estos edificios, así como de construcciones comunitarias aisladas, podrán incrementar un 20% su techo edificable, incluso superando la altura reguladora, siempre que la ampliación se dedique en su totalidad a VPO.
Respecto a los locales comerciales en plantas bajas, la norma autoriza su transformación en viviendas protegidas únicamente en las áreas específicas que los ayuntamientos determinen mediante acuerdo del pleno. Esta disposición busca preservar el tejido comercial local y garantizar la autonomía municipal, permitiendo que las administraciones locales decidan no aplicar total o parcialmente las medidas del decreto dentro de sus límites territoriales si así lo justifican adecuadamente.
La proposición de ley también introduce mecanismos de densificación en suelos urbanos no consolidados. Los promotores podrán solicitar un incremento del 20% en el número de viviendas autorizadas en sectores por desarrollar, a condición de que dichas unidades adicionales sean de protección oficial. Según el texto presentado, este incremento no generará nuevas obligaciones de cesión de suelo ni reservas de superficie adicionales, aunque deberá estar justificado desde una perspectiva de integración paisajística y del entorno urbano.
Asimismo, se facilita la subdivisión de inmuebles de grandes dimensiones. Los pisos de más de 100 metros cuadrados podrán dividirse de modo que la nueva vivienda resultante pase a ser VPO de forma permanente. En el caso de despachos de superficie similar que sean subdivididos, todas las unidades resultantes adquirirán la condición de vivienda protegida indefinida. La norma especifica que cualquier inmueble que se convierta en VPO bajo este marco legal no podrá reincorporarse al mercado libre en el futuro.
Una disposición adicional establece que todas las viviendas construidas en los municipios afectados tras la entrada en vigor de la ley deberán destinarse exclusivamente a residencia habitual y permanente, ya sea en régimen de propiedad o alquiler de larga duración. Esta medida refuerza las limitaciones previas sobre alquileres de temporada y turísticos, aunque excluye a las segundas residencias de acuerdo con la jurisprudencia actual. Los ayuntamientos podrán exceptuar esta obligatoriedad si demuestran, mediante una memoria social, que existe una oferta suficiente para los residentes locales.
La tramitación de esta proposición de ley se realizará por el procedimiento de urgencia extraordinaria en el Parlament de Cataluña, lo que permitirá reducir los plazos legislativos habituales. El Govern y los Comuns han manifestado su confianza en que la norma pueda entrar en vigor antes de que finalice el presente año, agilizando así la respuesta institucional ante la emergencia residencial en el territorio.
