La formación política Vox ha iniciado el periodo estival centrando su estrategia para el próximo curso político en el refuerzo de su discurso sobre seguridad y política migratoria. Tras la consolidación de sus pactos de gobierno autonómicos con el Partido Popular, la formación liderada por Santiago Abascal busca introducir en el debate nacional el concepto de la «remigración», un término que pretenden situar como eje fundamental en las futuras negociaciones de cara a las próximas elecciones generales.
La propuesta migratoria de la formación se estructura sobre tres ejes de actuación diferenciados según la situación administrativa y el comportamiento de la población extranjera. Vox aboga por la repatriación para quienes accedan ilegalmente a España, la deportación para residentes legales que cometan delitos y conviertan la delincuencia en su estilo de vida, y finalmente la remigración. Este último concepto se aplicaría a quienes, según la formación, utilicen el sistema de ayudas públicas de forma persistente y no se integren en la cultura nacional.
El desarrollo doctrinal de estas medidas se ha visto reforzado recientemente en el curso de verano organizado por el instituto Issep, bajo el lema «Ser es defenderse». En el encuentro, que contó con la participación de dirigentes como Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, se planteó la necesidad de una «autodefensa nacional» frente a los flujos migratorios globales, defendiendo que el objetivo es garantizar una política basada en el cumplimiento de la ley y la defensa del interés nacional.
Para sustentar estos planteamientos, la Fundación Disenso, laboratorio de ideas del partido, ha presentado el informe «Inmigración, criminalidad y seguridad de las mujeres». El documento, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio del Interior, sostiene que existe una sobrerrepresentación de la población extranjera en las detenciones y condenas relacionadas con delitos contra la libertad sexual. El think tank demanda una mayor transparencia estadística que incluya la variable de nacionalidad para analizar con rigor el alcance real de la criminalidad.
La inclusión de la remigración en la agenda política de Vox apunta a un nuevo escenario de negociación con el Partido Popular. Aunque ambas formaciones han logrado acuerdos en comunidades autónomas bajo el concepto de «prioridad nacional», la viabilidad jurídica de estas nuevas propuestas migratorias ha sido cuestionada anteriormente por los populares, quienes consideran que ciertas medidas de repatriación masiva podrían colisionar con los marcos normativos constitucional y europeo. Vox, por su parte, mantiene que estas políticas responden al «sentido común» y a las demandas de seguridad de los ciudadanos.
