Malestar en sectores del CNI por la gestión de la cúpula y el proyecto de integración de la inteligencia militar
Agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han trasladado su preocupación ante lo que consideran una progresiva politización de la estructura de mando del organismo. Según fuentes internas, existe inquietud por la configuración de la actual cúpula directiva y por los planes de reforma que buscan unificar la inteligencia civil con la militar, un movimiento que diversos sectores del centro interpretan como un cambio de paradigma en la orientación estratégica de la institución.
La actual dirección, encabezada por Esperanza Casteleiro —quien asumió el cargo tras la destitución de Paz Esteban en 2022—, es objeto de escrutinio por parte de cuadros profesionales con trayectoria en la casa. Las críticas apuntan a que los perfiles designados para los puestos de mayor responsabilidad, incluyendo la Secretaría General y las tres direcciones generales, responden a criterios de confianza política del Ejecutivo, lo que podría condicionar la neutralidad operativa del servicio de inteligencia frente a futuros relevos gubernamentales.
Este malestar se extiende a la ocupación de puestos intermedios, claves para la ejecución de órdenes y la gestión del flujo de información. Miembros del organismo advierten de que la consolidación de esta estructura administrativa busca asegurar una continuidad ideológica en la gestión de la inteligencia nacional, dificultando una potencial reversión de estas políticas en caso de que se produzca un cambio en la presidencia del Gobierno tras los próximos comicios generales.
Un punto de fricción fundamental es la propuesta de un acuerdo marco de colaboración con la inteligencia militar, representada por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Este proyecto, que según fuentes del sector se encuentra actualmente demorado por resistencias técnicas, plantea la creación de un sistema de inteligencia integral bajo la preeminencia del CNI. La iniciativa ha generado alarmas tanto en el ámbito civil como en el castrense por las implicaciones que tendría para la autonomía de la información de defensa.
Desde el ámbito militar, las reticencias se centran en la posibilidad de ser absorbidos por la estructura civil, lo que relegaría a la inteligencia militar a una posición secundaria. El temor principal radica en la pérdida de interlocución directa con servicios homólogos internacionales, especialmente en el marco de la OTAN, donde la representación española pasaría a estar controlada por mandos con perfiles de designación política en lugar de técnicos militares.
Por su parte, los profesionales del CNI subrayan la importancia de mantener las capacidades operativas del centro —que cuenta con una plantilla de aproximadamente 3.700 efectivos— estrictamente vinculadas a los intereses del Estado. Advierten de que cualquier desviación hacia intereses partidistas desvirtuaría la misión fundamental de la institución y comprometería la seguridad estratégica del país a largo plazo.
El escenario de incertidumbre se produce en un contexto de alta tensión institucional, donde la coordinación entre los diferentes servicios de información del Estado se ha convertido en un eje de debate político. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de una mayor eficiencia y unificación de criterios, sectores internos de la inteligencia reclaman preservar la independencia técnica y la separación de funciones para garantizar la estabilidad institucional del Estado español.
