El CGPJ archiva la queja de Félix Bolaños contra el juez Peinado por la instrucción del caso Begoña Gómez
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles el archivo de las diligencias informativas incoadas tras la queja presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado Juan Carlos Peinado. La decisión, adoptada por mayoría, ha provocado la reacción inmediata del titular de Justicia, quien ha manifestado que la resolución del órgano de gobierno de los jueces «hace daño al buen nombre de la Justicia».
El acuerdo del Consejo establece la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de únicamente dos diligencias vinculadas a posibles faltas leves, desestimando el grueso de la reclamación ministerial. Según fuentes del órgano constitucional, la votación contó con votos particulares discrepantes, reflejando la división interna ante el procedimiento que afecta al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encargado de investigar a la esposa del presidente del Gobierno.
A través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, Félix Bolaños ha criticado que, tras trece meses de instrucción y con la jubilación del magistrado en el horizonte, el CGPJ haya decidido archivar la mayoría de los puntos de su queja. El ministro ha atribuido la decisión al «grupo conservador» del Consejo y ha calificado de «indefendibles» los comportamientos objeto de la denuncia.
La reclamación del Ejecutivo se fundamentaba en lo que calificaron como «actuaciones anómalas» durante la declaración testifical en el Palacio de la Moncloa. Entre los incidentes señalados por el ministro se encontraban la solicitud de un vehículo oficial por parte del juez para acceder al recinto, la petición de una tarima para ubicarse físicamente en una posición elevada respecto a los asistentes y la interrupción de la diligencia para realizar consultas sobre datos técnicos.
No obstante, la Comisión Permanente ha concluido que estas cuestiones son de carácter «accesorio» a la diligencia judicial. En su resolución, el CGPJ argumenta que las actuaciones del magistrado se basan en interpretaciones de las normas procesales que, aunque puedan ser discutibles, no tienen relevancia disciplinaria ni vulneraron los derechos del testigo. El órgano de gobierno reconoce la existencia de un «clima de tensión» durante la declaración, pero descarta que se produjeran desconsideraciones explícitas hacia el declarante.
Con esta resolución, el CGPJ cierra la vía administrativa disciplinaria por faltas graves o muy graves, dejando en manos del TSJM la evaluación de los aspectos menores derivados de la queja ministerial. El caso continúa su curso en el ámbito judicial mientras se mantiene la controversia institucional entre el Ministerio de Justicia y los sectores del Poder Judicial responsables de la decisión.
