La alianza en defensa del mundo rural denuncia presiones ante los procesos judiciales contra macroproyectos energéticos
Manuel Fernández, jurista especializado en Derecho Urbanístico y Medioambiental, ha denunciado la existencia de una estrategia de descrédito y presiones mediáticas contra las asociaciones SOS Rural y Ecología y Libertad. Estas entidades, a las que representa legalmente, lideran actualmente diversas causas judiciales en España orientadas a la protección de suelos agrícolas de alto valor productivo frente a la proliferación de instalaciones fotovoltaicas y grandes desarrollos logísticos.
El letrado, socio fundador del Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente, vincula estas acciones de hostigamiento con el éxito de varios procesos legales recientes. Entre ellos destaca la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del proyecto Alma-Meco, un desarrollo que pretendía transformar 256 hectáreas de suelo agrario en una zona logística, así como las acciones judiciales emprendidas en Lopera (Jaén) para la preservación de olivos centenarios frente a plantas fotovoltaicas.
Según la exposición de Fernández, la actividad de la alianza conformada por SOS Rural y Ecología y Libertad ha generado reacciones por parte de grandes grupos inversores y promotores. El abogado afirma que, en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo contra un proyecto energético en la Región de Murcia, los representantes de la asociación y él mismo han recibido ofertas económicas para retirar las demandas, seguidas de amenazas de acciones penales en caso de no cesar en su actividad jurídica.
La denuncia institucional pone el foco en la supuesta utilización de informaciones periodísticas para erosionar la imagen pública de los colectivos civiles. Fernández señala una «causalidad» entre su labor en defensa del suelo rural y la aparición de noticias que intentan vincular su ejercicio profesional con procesos judiciales ajenos a esta materia, como el denominado «caso Fundaciones». Para el jurista, se trata de un intento de «neutralizar la acción jurídica» de la sociedad civil organizada mediante el descrédito personal del abogado que las representa.
Desde la perspectiva del Estado de Derecho, Fernández sostiene que el control de la legalidad de los actos administrativos que autorizan macroproyectos no debe ser visto como un obstáculo, sino como una garantía democrática esencial. En este sentido, defiende que las asociaciones actúan como un contrapeso necesario para proteger intereses generales que, de forma individual, los agricultores o vecinos no podrían sostener debido al coste y la complejidad de enfrentarse a grandes intereses corporativos.
Finalmente, la alianza entre SOS Rural y Ecología y Libertad ratifica su intención de continuar utilizando los mecanismos de participación pública y control legal previstos en el ordenamiento jurídico español. El colectivo subraya que los conflictos territoriales y medioambientales deben resolverse en las sedes judiciales mediante argumentos de derecho, rechazando cualquier método de resolución basado en la presión mediática o el señalamiento de los profesionales de la justicia.
