El Gobierno aprueba cinco indultos parciales, tres de ellos a condenados por delitos relacionados con la corrupción
El Consejo de Ministros ha acordado la concesión de cinco indultos parciales, entre los que se encuentran las medidas de gracia otorgadas a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs; al exalcalde de Linares, Juan Fernández; y al gestor cultural Natalio Grueso. La decisión se hizo pública este martes, coincidiendo con la presentación del balance de gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la aprobación del anteproyecto de ley de Integridad Pública.
La medida de gracia aplicada a Laura Borràs conlleva la conmutación de su pena de cuatro años y medio de prisión por una de dos años, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia, que incluyen 13 años de inhabilitación y una multa. Borràs fue condenada por delitos de prevaricación y falsedad documental relacionados con el fraccionamiento de contratos durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El Ejecutivo ha fundamentado esta decisión en el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en su sentencia original calificó la pena privativa de libertad como desproporcionada y sugirió la vía del indulto parcial.
En el caso de Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, el Gobierno ha conmutado su pena de tres años de prisión por una de dos años, tras ser condenado por malversación. Esta solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador y el apoyo de diversos grupos políticos municipales y asociaciones vecinales de la localidad jiennense. Por su parte, Natalio Grueso, exdirector del Centro Niemeyer de Avilés, ha recibido el indulto de la pena privativa de libertad por razones humanitarias debido a su estado de salud, aunque se mantienen las penas de inhabilitación y multa derivadas de su condena por irregularidades contables.
La concesión de estas medidas ha provocado reacciones críticas en el seno del PSOE. Dirigentes territoriales, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han expresado públicamente su disconformidad. García-Page ha cuestionado la oportunidad de la decisión, señalando que la concesión de indultos por delitos vinculados a la corrupción afecta a la credibilidad institucional del partido y del Gobierno, especialmente en un contexto legislativo donde se promueve una nueva Agencia de Integridad Pública.
Fuentes críticas dentro de la formación socialista han lamentado que la comunicación de los indultos se realizara tras la comparecencia pública del presidente del Gobierno, lo que interpretan como una falta de transparencia. Estos sectores advierten que estas medidas pueden dificultar la defensa de la gestión gubernamental frente a la opinión pública, en un momento en que la lucha contra la corrupción se mantiene en el centro del debate político parlamentario.
Desde el Ejecutivo se defiende la legalidad y la conveniencia de los indultos como una herramienta para la normalización política y social. En el caso específico de Borràs, se enmarca dentro de la estrategia de desinflamación del conflicto en Cataluña. Junto a estos tres perfiles públicos, el Consejo de Ministros también aprobó el indulto parcial para dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública, quienes contaban con informes favorables de la Fiscalía y de los tribunales correspondientes.
Los acuerdos de concesión seguirán el cauce administrativo habitual para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que entrarán formalmente en vigor las reducciones de las penas impuestas.
