El Gobierno oficializa el indulto parcial a Laura Borràs con el respaldo de Sumar
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha formalizado la concesión de un indulto parcial por parte del Gobierno a la expresidenta del Parlament de Cataluña y dirigente de Junts, Laura Borràs. La medida de gracia, que conmuta la pena de cuatro años y medio de prisión impuesta por delitos de prevaricación y falsedad documental, ha sido aceptada por Sumar, el socio minoritario de la coalición de Gobierno, a pesar de las posturas previas de la formación contra el indulto en casos de corrupción.
La decisión gubernamental se produce en un momento de cierre de legislatura y ha sido justificada por los portavoces de Sumar bajo el argumento de su carácter «parcial». Según ha manifestado la portavoz Verónica Barbero, el respaldo a la medida se fundamenta en que el indulto busca estrictamente evitar el ingreso en prisión de la política catalana, manteniendo el resto de las penas accesorias e inhabilitaciones dictadas por los tribunales tras su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
No obstante, la validación de esta medida representa un cambio de posición respecto a las propuestas legislativas defendidas por el grupo de Yolanda Díaz. En marzo de 2024, en el marco de la presentación de un paquete de medidas contra la corrupción, Sumar abogó por prohibir mediante ley cualquier tipo de indulto para personas condenadas por delitos económicos o de corrupción. Aquella iniciativa, que buscaba abrir un debate ciudadano sobre la regeneración ética, no llegó a formalizarse como texto legal en el Congreso de los Diputados.
Fuentes del ámbito institucional vinculan la posición actual de la vicepresidenta segunda con la necesidad de mantener la estabilidad dentro del Ejecutivo. En particular, se señala la importancia del respaldo gubernamental a la candidatura de Yolanda Díaz para ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La viabilidad de esta aspiración en el organismo de la ONU depende del apoyo diplomático y político del Gobierno de España, lo que habría incentivado la evitación de conflictos directos con el sector socialista respecto al caso Borràs.
La medida también afecta a la cohesión de los Comunes, la sección catalana de Sumar. En 2023, tras conocerse la condena por la adjudicación irregular de contratos fraccionados, los Comunes se situaron entre las fuerzas parlamentarias que exigieron la dimisión de Borràs. La portavoz Jèssica Albiach manifestó en su momento el rechazo de su formación a cualquier medida de gracia en supuestos de corrupción, una línea discursiva que ahora se ve condicionada por el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros.
En el plano parlamentario, la coalición ha optado por un perfil bajo tras la publicación de la medida en el BOE, limitando las valoraciones públicas a la necesidad de culminar objetivos sociales de la legislatura, como el decreto sobre vivienda. Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores enmarcan el apoyo de Sumar dentro de una «operación de Estado» necesaria para garantizar los objetivos institucionales de la vicepresidencia en el ámbito internacional.
