El Tribunal Supremo tilda de «indecencia» que el Gobierno vincule la crisis de Ceuta a una resolución judicial
Miembros del Tribunal Supremo han manifestado su firme rechazo ante las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que señalaba a una sentencia del alto tribunal como factor determinante en la actual crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta. Fuentes del ámbito judicial consultadas califican estas afirmaciones de «indecencia» y sostienen que el trasfondo de la situación es estrictamente político y diplomático, desvinculándolo del ejercicio de la labor jurisdiccional.
Durante su visita a Ceuta el pasado viernes, Sánchez atribuyó la presión migratoria a la «lectura interesada» que las redes de tráfico de personas estarían realizando de un fallo del Supremo. Dicha resolución ratifica que las devoluciones en frontera no tienen encaje legal cuando el acceso a territorio nacional se produce a nado, al considerar que no existe una frontera física en tales circunstancias. El presidente vinculó directamente este vacío legal con el incremento de las llegadas a la ciudad autónoma.
Desde la magistratura se defiende que el tribunal se limitó a resolver un asunto jurídico concreto bajo criterios de interpretación razonable. Las fuentes judiciales argumentan que el Ejecutivo busca trasladar la responsabilidad de la gestión migratoria a los tribunales, eludiendo factores como la inacción de la Gendarmería marroquí en los puntos de acceso y la complejidad de las relaciones bilaterales con el país vecino. «El problema es político», subrayan las fuentes consultadas, rechazando ser señalados como causantes de la crisis.
La situación ha reabierto el debate en el Congreso de los Diputados sobre la reforma de la Ley de Extranjería. El Partido Popular ya había impulsado el pasado 16 de julio una Proposición de Ley para modificar la disposición adicional décima de dicha norma. El objetivo de la iniciativa es adaptar el marco legal, redactado originalmente para la contención en el perímetro fronterizo terrestre, a la nueva modalidad de entrada por vía marítima y a través de los espigones.
Tras la escalada de la presión migratoria, el presidente del Gobierno se ha mostrado ahora favorable a tramitar cambios legislativos que garanticen la ejecución de las repatriaciones en frontera «de la manera más eficiente posible». Esta postura coincide con las demandas previas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha insistido de forma reiterada en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los procedimientos de devolución ante la emergencia que vive la ciudad.
No obstante, la reacción del Supremo evidencia una fractura institucional significativa. Los miembros del tribunal consultados apuntan a una política migratoria «errática» por parte del Gobierno central y sugieren que la crisis responde a factores externos y presiones diplomáticas que exceden el ámbito de las sentencias judiciales. Mientras tanto, la ciudad autónoma continúa bajo una intensa presión asistencial a la espera de medidas legislativas y diplomáticas que estabilicen la frontera.
