El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSOE contra la Comunidad de Madrid por la facturación sanitaria
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha acordado el archivo definitivo de la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid contra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. La resolución desestima las acusaciones sobre una presunta condonación de deuda valorada en 71 millones de euros a las operadoras sanitarias Quirón y Ribera Salud, relacionada con la facturación de pacientes derivados entre centros de gestión privada y la red hospitalaria pública.
El auto del órgano fiscalizador asume las tesis de la Fiscalía, que ya se había pronunciado a favor del archivo al no apreciar indicios de perjuicio patrimonial para las arcas públicas. Según el Tribunal, la denuncia no detallaba actos de gestión específicos que pudieran derivar en responsabilidad contable, limitándose a señalar obligaciones generales de supervisión y control sin precisar qué normas concretas habrían sido vulneradas por la Administración autonómica.
La controversia se originó el pasado mes de febrero, cuando el PSOE interpuso la demanda por supuesta responsabilidad contable. La formación sostenía que la Comunidad de Madrid no había reclamado el pago de 71 millones de euros derivados de la atención prestada en hospitales públicos a pacientes procedentes de centros en régimen de concesión. A juicio de los denunciantes, esta situación evidenciaba una falta de control en los flujos económicos y un posible menoscabo de los fondos públicos regionales.
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha manifestado que este fallo avala el sistema de facturación hospitalaria derivado del ejercicio del derecho de libre elección de centro sanitario. Fuentes del Ejecutivo regional han defendido que la gestión se ha realizado «conforme a la legislación vigente» y han asegurado que no se ha dejado de percibir ninguna cantidad que fuera reclamable a las empresas concesionarias en concepto de liquidaciones.
Con este archivo, el Tribunal de Cuentas cierra la vía contable sobre este expediente, al considerar que las alegaciones presentadas carecían de la concreción necesaria para identificar un daño real y efectivo a los caudales públicos. El fallo refuerza la validez de los mecanismos de compensación económica que rigen la relación entre los hospitales de gestión directa y los centros concertados en el modelo sanitario madrileño.
