Navarra ofrece acogida a menores de Ceuta e insta a las autonomías al cumplimiento del reparto acordado

El Gobierno de Navarra ha formalizado su disposición para participar en la acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta medida surge tras el reciente incremento en las llegadas desde Marruecos, motivando al Ejecutivo foral a reclamar al resto de comunidades autónomas el cumplimiento efectivo de los mecanismos de distribución pactados entre las diferentes administraciones territoriales.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha trasladado oficialmente al Gobierno de Ceuta la voluntad de Navarra de contribuir bajo los principios de solidaridad y corresponsabilidad institucional. Según ha indicado el Ejecutivo foral, esta colaboración se enmarca en los acuerdos vigentes para garantizar la atención integral de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad autónoma tras la presión migratoria de los últimos días.

Ante la negativa manifestada por algunos gobiernos autonómicos para sumarse al proceso de acogida, Navarra ha reiterado su compromiso con una respuesta coordinada. El Gobierno navarro ha recordado que desde el año pasado existe un mecanismo de respuesta y reparto obligatorio, fundamentado en principios de equidad, solidaridad y, primordialmente, en la protección del interés superior del menor.

En este sentido, la consejera Maeztu ha subrayado que el cumplimiento de la ley y de los acuerdos adoptados entre las administraciones públicas constituye una obligación ineludible. «Ninguna administración puede situarse al margen de la ley ni eludir las responsabilidades que derivan de ella», ha señalado la titular de Derechos Sociales, añadiendo que la solidaridad entre territorios no debe ser una opción supeditada a la voluntad política de cada gobierno regional.

Finalmente, el Ejecutivo foral ha hecho un llamamiento a la lealtad institucional y a la cooperación. Navarra ha reafirmado que cumplirá con sus obligaciones legales y éticas, instando al resto de los territorios a actuar bajo los mismos estándares de responsabilidad para asegurar una gestión compartida y eficiente del sistema de protección de la infancia en España.