El exabogado de Ábalos declara ante la Audiencia Nacional que rechazó cobrar su minuta mediante una sociedad interpuesta
José Aníbal Álvarez, quien fuera el primer representante legal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha testificado este lunes ante el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia en calidad de testigo, el letrado ha confirmado que la exmilitante socialista Leire Díez le propuso abonar los honorarios de la defensa del exministro a través de una sociedad mercantil, una oferta que Álvarez rechazó por considerar que el pago debía efectuarse de manera directa por el propio cliente.
Según han informado fuentes jurídicas al término de la sesión, Álvarez ha ratificado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que nunca llegó a percibir remuneración alguna por su trabajo en el procedimiento relativo al caso de las mascarillas. El abogado ha explicado que se negó rotundamente a la intermediación societaria propuesta por Díez, insistiendo en que la transacción económica debía ser transparente y directa con Ábalos. Ante la falta de abono de los servicios prestados, el letrado optó finalmente por renunciar a la defensa del exministro.
La declaración se enmarca en la instrucción que investiga una presunta trama dedicada a interferir en las causas judiciales que afectan a miembros del Gobierno y del Partido Socialista. La investigación analiza si esta red, presuntamente liderada por el dirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la propia Leire Díez, buscaba desbaratar procedimientos judiciales. No obstante, en su declaración de este lunes, Álvarez ha negado tener constancia de que el PSOE gestionara o sufragara la defensa de Ábalos ante el Tribunal Supremo, así como que Díez ejerciera labores de coordinación en la estrategia jurídica.
Asimismo, el testigo se ha referido a su relación con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad procesado en la Operación Kitchen. Álvarez ha reconocido que organizó dos reuniones entre Martínez y Leire Díez a petición del primero, quien buscaba una segunda opinión sobre su estrategia de defensa. El abogado ha precisado que no cobró por estas gestiones debido a su relación personal con el exsecretario de Estado.
Los hechos relatados por el testigo coinciden con las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los informes policiales incorporan conversaciones de mensajería móvil entre noviembre y diciembre de 2024 en las que Díez consultaba al abogado sobre la posibilidad de realizar pagos a través de una sociedad constituida por ella misma. Según consta en el sumario, el letrado respondió de forma tajante a dicha propuesta: «Eso no fue lo hablado. En estas cosas no existe confianza».
El análisis de la UCO infiere que estos mensajes aluden directamente al retraso e incumplimiento de los honorarios correspondientes a la asistencia letrada del exministro. La negativa del abogado a utilizar cauces indirectos para el cobro, manifestando que la propuesta «no es de recibo», supuso el fin de su vinculación profesional con el caso. La Audiencia Nacional continúa con la toma de declaraciones para esclarecer el alcance de estas gestiones y la procedencia de los fondos destinados a las defensas jurídicas en el entorno del Ejecutivo.
