Ábalos sostiene que su proceso judicial se cerró «en falso» tras la imputación de Jésica Rodríguez
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha manifestado que la reciente decisión de la Audiencia Nacional de imputar a su expareja, Jésica Rodríguez García, demuestra que el proceso judicial por el que fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo «no es un caso cerrado» o se ha clausurado «en falso». El exdirigente socialista reaccionó así a las nuevas diligencias ordenadas en el marco del denominado «Caso Koldo».
El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha citado como investigada a Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación. Esta nueva fase de la instrucción se centra en los contratos laborales que la imputada mantuvo con las empresas públicas Ineco y Tragsatec, vinculadas al Ministerio que entonces dirigía Ábalos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, estas contrataciones guardan una «íntima conexión» con los hechos que ya fueron juzgados en la instancia superior. La sentencia previa del Tribunal Supremo determinó que Rodríguez fue contratada en dichas entidades sin que llegara a desempeñar trabajo efectivo alguno, motivo por el cual Ábalos recibió una condena de 24 años y su exasesor, Koldo García, una de 19 años y ocho meses.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Ábalos argumentó que la investigación de la Audiencia Nacional continúa aportando evidencias que, a su juicio, podrían tener carácter exculpatorio. El exministro subrayó que el hecho de que se sigan practicando diligencias sobre aspectos que fundamentaron su condena evidencia que el Tribunal Supremo «ha juzgado personas, pero no hechos».
A pesar de que Ábalos no figura como parte personada en esta pieza separada del procedimiento abreviado 65/2023–P, ha señalado que el desarrollo de la instrucción le afecta directamente. La defensa del exministro sostiene que la resolución del Supremo se produjo mientras existían todavía líneas de investigación abiertas que podrían haber alterado el relato fáctico de la sentencia.
La Audiencia Nacional procederá en las próximas fechas a tomar declaración a Jésica Rodríguez y a otros implicados en la gestión de los contratos bajo sospecha. La resolución de esta rama judicial determinará si existió una estructura de trato de favor organizada desde el Ministerio para el beneficio de terceros mediante el uso de recursos públicos y sociedades estatales.
