La Audiencia Nacional admite a la Abogacía del Estado en la causa por las contrataciones de la expareja de Ábalos
El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia por la cual acepta la personación de la Abogacía del Estado en representación de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Esta decisión se produce en el marco de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en ambas entidades estatales.
La resolución judicial, emitida este martes, responde a los escritos presentados por los servicios jurídicos del Estado el pasado 30 de julio. Con este movimiento, la Abogacía del Estado asume la defensa de los intereses de Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, y de Tragsatec, filial del Grupo Tragsa tutelada por el Ministerio de Agricultura, tras apreciarse indicios de perjuicio patrimonial para el erario público.
Según los hechos recogidos en la instrucción, Rodríguez fue contratada como auxiliar administrativa en Ineco entre el año 2019 y febrero de 2021. Posteriormente, desempeñó funciones en Tragsatec desde marzo hasta septiembre de 2021. Durante este periodo, la investigada habría percibido una remuneración total cercana a los 44.000 euros. Las pesquisas judiciales, apoyadas en indicios previos del Tribunal Supremo, apuntan a que dichos pagos se realizaron sin que existiera un desempeño efectivo de las funciones laborales asignadas.
El procedimiento actual se deriva de las investigaciones vinculadas al denominado «caso mascarillas», donde el Tribunal Supremo ya señaló prácticas de favoritismo vinculadas al entorno directo del exministro Ábalos y las gestiones de su asesor, Koldo García. En este contexto, el juez Ismael Moreno imputó el pasado mes de julio a Jésica Rodríguez, así como a Joseba García —hermano de Koldo García— y a Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
La personación de la Abogacía del Estado se sustenta, en el caso de Ineco, en un convenio de asistencia jurídica formalizado el 20 de mayo y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque los servicios jurídicos del Estado intentaron previamente personarse como parte perjudicada ante el Tribunal Supremo, dicha solicitud fue rechazada inicialmente para evitar incompatibilidades procesales con las responsabilidades penales que se dirimen ahora en la Audiencia Nacional.
Hasta el momento, Jésica Rodríguez se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante el magistrado instructor. La investigación continúa su curso para determinar la responsabilidad de los directivos que autorizaron dichas contrataciones y el alcance de la presunta malversación de caudales públicos en el seno de las mercantiles estatales involucradas.
