El Consejo de la Abogacía Europea avala la labor de los letrados de Ceuta y reclama reforzar las garantías jurídicas

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) ha manifestado su respaldo explícito al «compromiso, profesionalidad y dedicación» de los abogados de Ceuta en el ejercicio de sus funciones de asistencia jurídica tras los incidentes migratorios registrados los días 30 y 31 de julio. El organismo, que representa a más de un millón de profesionales en 46 países, ha definido la labor de estos letrados como la «salvaguardia de los derechos fundamentales» en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

En un comunicado institucional, la organización subraya que la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma ha sometido a los servicios públicos a una presión sin precedentes. Esta situación ha obligado a multiplicar de forma exponencial los recursos destinados al turno de oficio para gestionar la apertura simultánea de miles de expedientes de identificación, asilo y devolución, procesos que requieren una atención técnica inmediata para garantizar la tutela judicial efectiva.

La entidad enfatiza que cualquier respuesta ante situaciones de crisis debe permanecer «firmemente anclada» en el Derecho de la Unión y en los derechos fundamentales. Según el CCBE, el acceso a una asistencia letrada independiente y de calidad es la única vía para asegurar garantías jurídicas plenamente efectivas, lo que incluye la evaluación individualizada de cada caso y la protección especial de las personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Consejo ha defendido la vigencia del marco legal actual frente a recientes declaraciones políticas que sugieren la necesidad de nuevos instrumentos normativos. El organismo recuerda que el Reglamento sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor ya establece mecanismos de excepción procesal y solidaridad reforzada —como reubicaciones y apoyo financiero— que permiten afrontar estas coyunturas sin comprometer las garantías esenciales de la legislación comunitaria.

El CCBE insta a las autoridades a utilizar las herramientas jurídicas existentes en lugar de recurrir a medidas que puedan debilitar el sistema de derechos. En este sentido, la organización recalca que tanto el derecho de asilo como el principio de no devolución constituyen derechos fundamentales que no pueden suspenderse bajo escenarios de presión migratoria.

Finalmente, el comunicado hace un llamamiento para que los abogados que operan en las fronteras dispongan de los medios, recursos y condiciones profesionales adecuados. Para la institución, garantizar que la abogacía ejerza su labor con independencia y dignidad no solo beneficia a las personas asistidas, sino que resulta indispensable para la «buena administración de justicia» y la defensa del Estado de derecho.