Las víctimas del accidente de Adamuz elevan a la Unión Europea la denuncia por deficiencias en la seguridad ferroviaria
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir una intervención urgente en el sistema ferroviario español. La acción legal, dirigida por el abogado Antonio Benítez Ostos, responde al siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 fallecidos y 432 heridos, y busca que el organismo comunitario audite el cumplimiento de las normativas de seguridad por parte de las autoridades nacionales.
El escrito fundamenta la petición en las diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil, las cuales indicarían que el carril donde se produjo el descarrilamiento presentaba una rotura franca desde varias horas antes del impacto. Según la asociación, este hecho evidencia una «deficiencia estructural» en el sistema de supervisión actual, el cual no fue capaz de emitir una alerta en tiempo real sobre el estado de la vía, a pesar de las advertencias previas que habrían realizado algunos maquinistas.
La denuncia advierte a las autoridades europeas de que la red ferroviaria española acumula más de cien roturas de vía al año. El documento incorpora informes técnicos del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) que denuncian fatiga de materiales, oscilaciones anómalas en trenes de alta velocidad y una degradación acelerada de la infraestructura. Esta última se atribuye, según el texto, al incremento del peso por eje tras la entrada de nuevos operadores de bajo coste y al uso recurrente de limitaciones temporales de velocidad en lugar de acometer reparaciones definitivas.
En el ámbito del material rodante y la respuesta ante emergencias, la asociación señala carencias en la seguridad técnica, como la falta de sistemas de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento y la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores. Asimismo, el portavoz jurídico de la entidad, Antonio Benítez Ostos, ha expresado su preocupación por la falta de protocolos de actuación coordinados entre los servicios de emergencias autonómicos (061 y 112), lo que afectaría a la homogeneidad de la asistencia en todo el territorio nacional.
La iniciativa busca repetir el precedente del accidente del Alvia en Angrois (2013), donde la Agencia Ferroviaria Europea dictaminó que la investigación oficial realizada en España no fue independiente. En esta ocasión, las víctimas solicitan que Europa tutele la seguridad del sistema español ante lo que consideran una «presunta inacción» de las administraciones públicas nacionales, llegando a plantear la suspensión temporal del sistema ferroviario hasta que se certifique su plena fiabilidad para los viajeros.
