La Justicia ordena el refuerzo de los trabajos de recuperación en el accidente ferroviario de Urda
La titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha emitido una providencia urgente dirigida a la empresa de grúas contratada por ADIF y Renfe para garantizar la continuidad de las labores de desescombro en la zona del siniestro ferroviario de Urda. El requerimiento judicial exige la disposición inmediata de los operarios necesarios y el establecimiento de turnos de relevo que permitan trabajar de forma ininterrumpida.
La resolución, notificada este sábado, tenía como objetivo evitar la paralización de las tareas de retirada de vagones durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), la falta de personal suficiente por parte de la empresa adjudicataria impidió el avance nocturno previsto, si bien los trabajos se han reanudado con plena actividad durante la mañana de este domingo.
La decisión de la magistrada instructora obedece a la «urgente necesidad» de localizar todos los restos que pudieran hallarse todavía en el lugar del accidente. El Tribunal Superior ha subrayado que la prioridad máxima de la autoridad judicial es concluir la inspección de la zona con la mayor celeridad posible para realizar la entrega de los restos a los familiares de las personas fallecidas, preservando el rigor en la cadena de custodia.
Asimismo, el juzgado ha reforzado las medidas de protección a los afectados mediante un auto que prohíbe expresamente la obtención, divulgación o publicación de imágenes e información sensible relativa a las víctimas o sus familias. Esta medida cautelar busca preservar la intimidad, integridad y dignidad de los damnificados, evitando situaciones de revictimización en el ámbito público.
La orden judicial especifica que esta prohibición se aplica sin perjuicio de la difusión de aquellos datos que resulten estrictamente necesarios para los protocolos oficiales de identificación de las víctimas. Por el momento, el procedimiento judicial se mantiene bajo secreto de sumario mientras prosiguen las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento.


